Peculado doloso. En el tercer proceso en su contra, la fiscal Zoila Sueno solicitó al PJ que se restrinja su libertad de movimiento para investigarlo por otorgar irregularmente 13 subvenciones como presidente del IPD al Comité Olímpico Peruano, donde se desempeñaba, a la vez, como secretario general.,El ex medallista olímpico de tiro Francisco Boza Dibós está otra vez en problemas con la justicia. Un tercer proceso se ha iniciado en su contra por presuntos manejos irregulares de los fondos públicos asignados al Instituto Peruano del Deporte, IPD. PUEDES VER: Atribuyen a Francisco Boza integrar la cúpula de organización Belaunde La fiscal Zoila Sueno Chirinos formalizó investigación preparatoria contra Boza Dibós y otros 17 directivos del Comité Olímpico Peruano por delito de peculado doloso, por el irregular manejo de más de 130 millones de soles para la I Edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud y la XVII Edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos. En un documento presentado a los juzgados anticorrupción, la fiscal solicitó al Poder Judicial imponer comparecencia restringida, lo que supone una serie de restricciones a su libertad de movimiento, mientras se le investiga. Este caso se suma al pedido de cinco años de prisión que hizo en setiembre el fiscal Andrés Montoya contra Boza Dibós y otros funcionarios del Comité Olímpico Peruano por un presunto desfalco de S/ 2’712,137 asignados, de los que no habrían rendido cuentas. Esto además del pedido del fiscal Elmer Chirre para que se le imponga 18 meses de prisión preventiva para investigar sus vínculos con el empresario Martín Belaunde y el pago de 480 mil soles a la empresa Antalsis por el expediente técnico para mejorar el polideportivo Elías Aguirre, en Chiclayo. Juegos Bolivarianos En su resolución, la fiscal Zoila Sueno indica que Francisco Boza en su calidad de presidente del IPD aprobó 13 subvenciones al Comité Olímpico Peruano, donde se desempeñaba como secretario general. "Se advierte que (Francisco Boza) tenía la capacidad jurídica de disposición del dinero del IPD, ya que era el presidente de dicha institución y quien aprobaba (...) los otorgamientos de subvenciones", indica la fiscal. Luego agrega que "el citado imputado (Boza Dibós) se apropió de los recursos del Estado para favorecer a la entidad donde lo acogían como miembro honorario", subrayando la fiscal que esto iba contra la ética que debe tener todo funcionario público. En otros párrafos señala que Francisco Boza aprobó el otorgamiento de las subvenciones pese a que el Comité Olímpico Peruano no rendía cuenta documentaria de los dineros recibidos y que por ley, en esos casos, no se le podía seguir otorgando recursos. Luego se detallan pormenorizados los 10 casos en los que se otorgaron las 13 subvenciones, por ejemplo, los 47'000,000 para la organización de los I Juegos Sudamericanos de la Juventud-setiembre 2013 y la XVII Edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos, cuyo uso se desconocería. La asignación en noviembre del 2013 de 15'252,803.00 para el cierre de la organización de la I Edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se había desarrollado meses antes, entre el 20 y el 29 de setiembre de ese mismo año. Además, doble asignación para compra de material deportivo para los juegos bolivarianos, en una oportunidad por 2'189,592.00 y otra por 1'366,452.20 soles. La asignación de 13'963,824 soles para financiar los compromisos asumidos por el Perú al ser elegido sede de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos 2019. Todo sin el debido sustento técnico previo y posterior de gastos.
