Antalsis. “Quisiera que incluyas (...) que yo pedí licencia y me incorporo formalmente al Comité Ejecutivo (del COP) con derecho solamente a voz”, dictaba Boza en llamada grabada por la Policía. Ministerio Público lo denunciará junto a Belaunde.,El medallista olímpico y ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) Francisco Boza Dibós fue liberado por un tecnicismo antes de cumplir las 24 horas de detención preventiva, pero sigue sometido a proceso judicial. PUEDES VER: Francisco Boza quería destruir documentos en el IPD y el COP y Fiscalía lo detiene De todas maneras, el Ministerio Público formularía cargos en su contra por asociación ilícita y colusión por los supuestos negociados que la presunta organización dirigida por Martín Belaunde habría realizado en el IPD, entre los años 2010 al 2014. De manera intempestiva, a las 4:00 de la madrugada del sábado, el juez penal nacional Richard Concepción decidió anular la orden de detención de Boza y el allanamiento de las oficinas del IPD que él mismo dictó la noche del jueves. Cambio del juez ¿Por qué Concepción cambió de opinión tan abruptamente? En su resolución, el juez dice que el fiscal Elmer Chirre no le advirtió que la etapa de investigación preliminar del caso Antalsis concluyó el 12 de septiembre del 2016. Es bastante raro que un fiscal engañe a un juez, que además participó en múltiples diligencias de este caso. Si en verdad Chirre engañó a Concepción, este último es más responsable que el primero porque su función es evitar que eso suceda para garantía de los procesados. Testigo en reserva En medios judiciales se considera que más que la libertad de Boza, la última resolución del juez busca anular todo el proceso de escuchas telefónicas que se realizaron incluso hasta después del 12 de septiembre. En las escuchas, según la resolución que Carhuacho notificó a las partes de este caso, Boza coordina la adulteración de las actas de sesiones del comité ejecutivo del Comité Olímpico Peruano. Esas conversaciones coinciden con lo declarado por el “testigo en reserva” identificado con el código TR 01-2016. Este ha dicho que en noviembre del 2014, al renunciar Boza al IPD, se destruyeron diversos documentos físicos e informáticos que probaban su vínculo con Martín Belaunde y con Juan Carlos Rivera Idrogo. Las actas Producto de las interceptaciones telefónicas que Carhuancho autorizó el 9 de septiembre del 2016, la Policía escuchó una conversación de Boza con Maggi Martinello Montoya sobre un llenado de actas del 2014 y del 2015. “Te acabo de poner un punto donde ahh, yo me reincorporo al COP en enero, la primera acta que haces del 2015, pero creo... quisiera que incluyas, ahí te he pasado el tenor, donde dice, pues, que yo pedí licencia y me incorporo formalmente al Cómite Ejecutivo, con derecho, pues, solamente a voz”, dice Boza. La Fiscalía considera que Boza estaba buscando modificar los datos consignados en las actas del COP con la finalidad de que aparezca que estuvo de licencia entre agosto del 2011 a noviembre del 2014, como había declarado. En tanto, en otra conversación con un tal “Lucho”, que fue la que llevó a la Fiscalía a pedir su detención, Boza dice: “Y conversamos, compadre, porque de repente yo te decía, hay que, de repente, es más sano, zafar, ¿no?”. Ante ello, Lucho le responde: “Sí”. La Fiscalía considera que tiene pruebas que demuestran que Boza apoyó que la empresa Antalsis, dirigida por Rivera Idrogo, se beneficie con la adjudicación del expediente técnico de mejoramiento del polideportivo Elías Aguirre, en Chiclayo. Antalsis no cumplió con elaborar el expediente, pero igual cobró cerca de 480 mil soles por ese trabajo. “Seguiremos investigando”, dice el fiscal Elmer Chirre “Eso es absurdo, no hay ninguna norma que me prohíba realizar diligencias antes de formalizar la investigación preparatoria. Si el plazo había vencido como dice el juez, los investigados debieron plantear un control de plazo y nadie lo hizo. Hemos perdido importante documentación”, indicó el fiscal Elmer Chirre. Agregó que están evaluando las acciones a tomar. “La investigación es sólida y tiene argumentos jurídicos contundentes. Nos disponíamos a pasar el expediente al juzgado cuando nos sorprenden con la resolución de que había que liberar a Francisco Boza. Eso puede darse en un proceso, el juez lo podía haber liberado en la audiencia. Lo que nos mortifica es que diga que lo hemos querido sorprender”. Chirre enfatizó que el Ministerio Público es respetuoso del debido proceso. “Quisiera que la defensa del señor Francisco Boza me diga qué artículo, qué norma me prohíbe plantear una detención preliminar cuando han concluido las diligencias preliminares, si fuera el caso. Mientras, seguiremos trabajando”, subrayó el fiscal supraprovincial.
