Fuerza Popular erosiona la autonomía del BCR.,La sorpresiva elección, ayer en el Congreso, con los votos mayoritarios del fujimorismo, de los tres miembros que faltaban para completar su directorio, es un hecho lamentable que mella la autonomía que el BCR necesita para cumplir su misión. Esto no obedece a la elección de Elmer Cuba debido a su reconocida solvencia profesional en asuntos económicos, monetarios y financieros. Él fue jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular en la elección pasada, convocado a última hora para competir en la segunda vuelta frente a un equipo que presentaba mejores credenciales técnicas. Pero ello no será un problema para ejercer el cargo de director del BCR, pues el perfil público de Cuba es, esencialmente, el de un técnico, no el de un político. También se le podría cuestionar su papel de consultor económico por la información valiosa a la que accede en el BCR, pero ello debiera ser subsanado haciendo pública la lista de clientes de Macroconsult, la empresa en la que asesora a empresas. La elección de José Chlimper, en cambio, sí es muy cuestionable. A diferencia de Cuba, él es hoy un político de primera línea en su condición de secretario general de Fuerza Popular, la agrupación que controla de manera aplastante el Congreso. La presencia de un político de actividad intensa como él constituye un factor distorsionador para una entidad como el BCR que debe tener una actuación claramente técnica. Pero no solo eso. Peor aún, Chlimper arrastra una acusación penal todavía no resuelta que, además, mella su credibilidad pública por su actuación lamentable durante la campaña electoral en la adulteración de un audio, en el programa Las Cosas Como Son, con el fin de limpiar a Joaquín Ramírez –quien ejercía el cargo político en Fuerza Popular que él ocupa ahora– de la denuncia de estar siendo investigado por lavado de activos por la DEA. Personas como él son, por ello, inconvenientes en una entidad técnica como el BCR, cuya autonomía requiere que esté alejada del torbellino político. Chlimper ya ha sido director ahí, pero entonces no tenía los problemas evidentes que hoy arrastra. Lo mismo sucede con el otro elegido por el fujimorismo –a iniciativa del Apra–, Rafael Rey. Más allá de que no se le conoce “amplia competencia y experiencia en economía y finanzas”, como lo exige el artículo 11 de la ley orgánica del BCR, y de tener acusaciones pendientes por el caso de los tanques chinos, se trata de un activista político cuya actuación le hará, por eso, daño al BCR.
