Fiscal general de California Rob Bonta en contra de las deportaciones masivas de Donald Trump en Estados Unidos
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha interpuesto una demanda histórica contra la administración Trump con el objetivo de salvaguardar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La demanda, impulsada por la reciente orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar este derecho, ha sido calificada por Rob Bonta como “flagrantemente inconstitucional”. Este enfrentamiento no solo afecta a miles de niños nacidos en el país, sino que también pone en riesgo programas federales esenciales.
Con el respaldo de 18 fiscales generales de otros estados, Bonta busca frenar una medida que podría tener consecuencias devastadoras para las familias y la economía de California. La próxima decisión judicial podría sentar un precedente importante en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.
El contexto personal y político de Bonta
Rob Bonta, designado fiscal general por Gavin Newsom en 2021, tiene un trasfondo que lo conecta profundamente con las luchas sociales. Nacido en Filipinas y criado en California, su historia personal lo motiva a defender los derechos de los inmigrantes y las comunidades vulnerables. Su compromiso se refleja en esta demanda, que busca proteger a 24.500 niños nacidos anualmente en el estado.
La orden ejecutiva de Trump, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, podría tener repercusiones significativas. Según Bonta, esta medida no solo vulnera derechos humanos básicos, sino que también podría desestabilizar programas federales como el Programa de Seguro Médico para Niños. La pérdida de estos fondos afectaría a miles de familias, dejándolas sin acceso a servicios esenciales.
El fallo de Wong Kim Ark: un precedente legal
La demanda se basa en un fallo histórico de 1898, donde la Corte Suprema reconoció la ciudadanía de Wong Kim Ark, un inmigrante chino nacido en San Francisco. Liderada por Rob Bonta, con el apoyo de Gavin Newsom y otros aliados políticos, la petición de hoy busca mantener los derechos legales de las personas nacidas en Estados Unidos. La próxima decisión judicial no solo podría marcar un hito para California, sino que también podría tener repercusiones a nivel nacional en la defensa de los derechos civiles.
Si la orden ejecutiva se implementa, los niños afectados podrían enfrentar la deportación y perder acceso a beneficios federales, así como su número de Seguro Social. Esto no solo impactaría a las familias, sino que también generaría una crisis operativa y financiera para los gobiernos locales, que tendrían que realizar ajustes administrativos complejos en un tiempo limitado.
