Evalúan otorgar nuevo bono ante inflación del 8%
La tasa más alta en 26 años. Transferencia que evalúa dar el Gobierno debería superar el último de S/270 y no solo enfocarse en lo monetario, sino en el cierre de brechas en servicios básicos y calidad de vivienda, según especialistas.
El Gobierno de Dina Boluarte evalúa entregar un nuevo bono para ayudar a las familias más necesitadas por la crisis económica.
Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), reconoció que de ser necesario, se podría aprobar un bono como parte de las medidas que anunciará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en estos días.
“Al tener un poco más de ingresos, a través de un bono, esto mueve la economía local y es lo que queremos proyectar para el 2023: empezar a mover la economía familiar y con ello la mediana y gran economía nacional”, dijo a un medio local.
Más que necesario
Con la pandemia, la pobreza alcanzó a casi 10 millones de compatriotas (30%), y en un contexto donde se carece de medidas que impulsen la productividad y se recupere la calidad del empleo, desde BBVA Research prevén que en los próximos años continuemos con una tasa del 26%: más de 8,7 millones de afectados (ver infografía).
Al respecto, Silvana Vargas, docente PUCP y extitular del Midis, alega que los bonos no son un problema per se, y en una situación particular como ahora, en donde la inflación e inseguridad alimentaria golpean con más intensidad a los hogares pobres y pobres extremos, son necesarios, mas no deben ser la respuesta única.
“El problema es que no resolverá ni atenderá el conjunto de necesidades que la población tiene con la crisis alimentaria. La respuesta alimentaria aún no ha sido diseñada. El bono vendría bien con tarjetas alimentarias para las ollas comunes o con la recuperación de alimentos en los mercados”, sustentó para La República.
S/270 no fueron suficientes
La inflación cerraría este año, según el BCRP, en una tasa de 8,2%, su valor más alto en los últimos 26 años (11,8% en 1996) y retornaría recién al rango meta del 3,0% a fines del 2023; mientras tanto, los peruanos más pobres seguirán sufriendo el alza de precios.
Ante ello, es vital que se continúen con las políticas de transferencias directas instauradas desde el 2020, las cuales, curiosamente, fueron disminuyendo su monto total: desde los primeros bonos de S/760, que se entregó dos veces totalizando S/1.520, hasta el reciente de S/270. Aún así, con el primer subsidio, los ciudadanos subsistieron el primer año del COVID-19 con un promedio de S/5 al día. Monto que alcanzó para poco o nada.
Javier Herrera, director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), sostiene que el bono que se estudia ahora debe ser mucho mayor que los S/270 entregados en la gestión de Pedro Castillo.
“El último bono no tiene el mismo valor que cuando se anunció. La pérdida en los hogares es mayor que esos S/270 porque tampoco se consideró la composición del hogar: si hay más niños o más adultos. Hay una fuerte heterogeneidad en la composición de las viviendas y ello es lo que determina las necesidades que tienen diferenciadamente más allá de que estén en situación de pobreza”, comentó para este diario.
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Articular soluciones
Considerando que el Midis y el INEI abordarán el estudio de la pobreza de manera multisectorial —ya no solo por el lado monetario—, las autoridades deben articular las políticas adecuadas para mejorar la calidad de vida en términos de vivienda, acceso a educación y servicios básicos como agua potable y alcantarillado, lográndose así una “aproximación más matizada de lo que es la vulnerabilidad”, según Vargas.
No obstante, Herrera advierte que sí se monitorean factores como el déficit calórico, desnutrición o anemia pero “no tienen el mismo tratamiento” que la pobreza monetaria, reflejándose así la desconexión en la toma de soluciones. “La sequía en la zona sur debió anticiparse más allá que con bonos ocasionales”, concluyó el economista.
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Pobreza = derechos no protegidos
Enfoque. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
En el Perú ya tenemos mediciones multidimensionales como la atención de necesidades básicas o déficit calórico que contribuyen a visiones integradas de la pobreza. Con ello ya deberíamos tener intervenciones articuladas, pero el problema es que el Estado no funciona de manera complementaria en sus niveles de Gobierno y sectores; por ello, vemos que en algunos lugares llega un servicio pero no con la calidad suficiente para atender las necesidades de la gente.
El INEI entabló un grupo de trabajo para este enfoque, el cual es relevante para mirar la pobreza teniendo en cuenta aspectos que permitan una lectura sobre la afectación del derecho de las personas, porque hablar de pobreza es hablar de derechos no protegidos ni garantizados.
Por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas en vivienda (materiales, hacinamientos, adecuación al clima y hasta carga familiar no atendida). La medición multidimensional sí es útil para el bono porque detalla dónde están los más afectados.
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Datos
Precario. De los casi 10 millones de informales, 8 millones 539.600 peruanos son subempleados por insuficiencias de horas o por ganar menos que el promedio.
Panorama. Regiones con los niveles de pobreza monetaria más elevado son Loreto, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Puno, cuyos datos oscilan entre 36,7% y 40,5%.
Reacciones
Silvana Vargas, exministra de Desarrollo e Inclusión Social
“Ahora con la inflación alimentaria altísima habría que tomar medidas para responder, como la recuperación de alimentos, biohuertos y entrega de tarjetas alimentarias”.
Javier Herrera, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo
“Hay indicadores pero faltan políticas. Estamos ad portas de una inseguridad alimentaria porque la urea no llegó y la sequía en el sur. Se debió anticipar más allá de bonos”.
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