Ricardo Valdés: “Se han dado medidas efectistas o para la tribuna”

Como exviceministro y alto funcionario del Ministerio del Interior en varios gobiernos, Ricardo Valdés conoce las dificultades intrínsecas del sector en la lucha contra la delincuencia. Pero las propuestas que viene escuchando en las últimas semanas de parte del gobierno cada vez lo preocupan más. En la siguiente entrevista, explica por qué.

El gobierno va a aumentar el número de militares que patrullan las calles en el marco del estado de emergencia. ¿Por ahí va la solución para reducir la inseguridad ciudadana?

Definitivamente no. La presencia de las fuerzas armadas en las calles es absolutamente coyuntural. Es una fuerza que no está preparada para combatir la inseguridad ciudadana en términos de que no hace investigación ni está capacitada para perseguir el delito ni al delincuente. Es una medida que, de acuerdo al marco constitucional, tiene una temporalidad definida y que, por lo tanto, no es sostenible. Y en la medida que no es sostenible, no es una solución.

Hace unos días el Ministerio del Interior mostró algunas cifras: dice, por ejemplo, que se ha capturado a más de 4.800 delincuentes y que los homicidios se han reducido en un 38%. Según estos datos, el estado de emergencia estaría funcionando.

Me hubiese gustado conocer los informes que justifican el estado de emergencia. No conocemos las razones que la Policía ha definido para suspender los derechos de diez millones de habitantes en Lima y Callao. Si esas cifras son acertadas, igual me preocupan porque si para bajar en dos puntos porcentuales la criminalidad se requiere de un estado de emergencia, no me parece una reducción enorme y, en segundo lugar, insisto, no es sostenible, porque no se puede manejar la lucha contra la criminalidad con estados de emergencia.

En todo caso, el gobierno parece decidido a ocuparse del problema. Para comenzar, han presentado este proyecto de ley para prohibir que dos personas viajen en moto lineal. ¿Qué opina de esta medida?

Es una medida que, más allá de que puede arrancar aplausos de la tribuna, no tiene sustento técnico. Hay tres millones de usuarios de motos en el país, para muchos de ellos es el único medio de transporte, de ellos y de sus familias. Con esta medida estaríamos condenando al 85 o 90 % de la población que la utiliza. Además, se estaría restringiendo el derecho a la propiedad, porque un vehículo comprado para dos personas lo estarían restringiendo a una sola persona. Es como si yo dijera “como están asaltando con vehículos de alta gama en Lima, a partir de la fecha solo voy a dejar que una persona viaje en estos vehículos”.

¿Qué otras medidas se podrían poner en práctica para reducir los crímenes que se cometen en motocicletas?

Si van a sacar una ley, que sea una ley de pérdida de dominio para que de inmediato ese vehículo que está envuelto en un acto ilícito pase a poder del Estado y forme parte de las fuerzas del Serenazgo o de la Policía. Con eso desarmamos a la delincuencia y armamos a la seguridad. Lo otro es obligar a que toda moto y trimoto cuenten con un GPS. Con eso es fácil que la Policía pueda controlarlas, si no tiene GPS, la detienes y la investigas y si tiene puedes saber quién es el propietario, quién la está manejando y toda la demás información. Y si te roban el vehículo, la Policía lo puede ubicar. Y, otra cosa, hay que modificar los sistemas de información de las licencias, que son otorgadas por los municipios, no hay una base de datos centralizada y hay que tenerla. Con estas medidas se pueden reducir largamente los delitos que se comete en estos vehículos.

En la gestión de Carlos Basombrío, cuando usted fue viceministro, también se quiso prohibir que vayan dos pasajeros en motocicletas. ¿Fue un error?

En ese momento se planteó esa posibilidad, que no prosperó, pero dentro del ministerio hubo voces que nos opusimos, yo fui una de ellas, por las razones que estoy exponiendo ahora. No me pareció en esa época y no me parece ahora.

La de las motos no es la única medida controversial. El gobierno también quiere que los serenos porten armas no letales. ¿Es una buena medida para combatir la delincuencia?

Tampoco es una buena idea. En primer lugar, la ley de los serenos establece que ellos no pueden manejar armas de ningún tipo. En segundo lugar, es una población que no ha sido preparada para portar armas. Tercero, es un personal de altísima rotación en todos los municipios de lima. Y cuarto, tiene una baja preparación en general. El sereno es un personal que está orientado a ser solamente un elemento de prevención de la seguridad. La propia ley lo indica así, que su rol es el de apoyo a las fuerzas policiales y a la ciudadanía.

¿Qué busca el gobierno con este tipo de medidas?

Lo que está buscando es dar alguna señal de que está haciendo algo por la seguridad y de que tienen una suerte de plan. Lamentablemente, lo que hemos vivido en términos de seguridad es penoso: cuatro ministros del Interior, tres comandantes generales de la Policía, muchísima rotación policial en los altos cargos, malos actos en la Policía, compras de cargos para generales, pagos para rotaciones de personal, hay, lamentablemente, una situación institucional bastante complicada.

No hemos visto por parte del ministro del Interior que se esté sancionando todo aquello que denunció el subcomandante de la Policía en diciembre. Todo esto hace que se haya generado un ambiente muy tenso y muy cargado con la seguridad. Eso supuso la caída, además, de todo un gabinete. Y todo este mar de fondo no se va a solucionar con medidas efectistas o para la tribuna, que son las que se han dado. No hay una comprensión integral por parte del gobierno de lo que es la seguridad. No se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con los principales actores de la seguridad. Y así podríamos dar una larga lista de inconvenientes que no se van a resolver con estas medidas efectistas, que son solamente paliativos y no van al fondo del problema.

Recurrir a militares y serenos supone el reconocimiento de que la Policía no se da abasto para combatir la inseguridad.

Bueno, eso no es nuevo. Hay que recordar que la primera propuesta del presidente de la República, que es el principal responsable de esta situación de inseguridad y de caos en el Ministerio del Interior, era incorporar a la fuerza pública a los ronderos y desplegar rondas urbanas. Ahora han dejado de lado el tema, pese a que el presidente aparece con chicote en mano públicamente, es algo así como “vamos a meter a todos en el tema de seguridad” … Y eso de alguna manera no está mal, en la medida en que cada cual sepa exactamente qué le corresponde. Las rondas campesinas, las juntas vecinales, los serenos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, cada cual tiene un rol y no se pueden mezclar. Si yo mezclo todo, la eficiencia se pierde y hay un riesgo de que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.

Ahora, el alcalde de La Molina ha propuesto que los extranjeros no manejen motos ni hagan delivery. ¿Estamos usando a los inmigrantes como chivos expiatorios del problema de la inseguridad en el país?

Yo diría que sí, que son chivos expiatorios. La propuesta del alcalde de La Molina es absolutamente inviable e inconstitucional. En el fondo está demostrando una absoluta carencia de análisis y de respeto a una población migrante que aporta muchísimo a la economía nacional y que durante la pandemia ha sido muy útil para la marcha económica y para la vida de todos los ciudadanos.

Muchos todavía piensan que la inmigración agravó el problema de la inseguridad.

Lo que ha agravado el problema de la inseguridad es la falta de una política de seguridad. Ha sido una combinación de los problemas ocasionados por la pandemia, el debilitamiento de las instituciones sociales, la altísima presencia de la corrupción en el manejo de la seguridad, no solamente en la Policía, sino también a nivel de alcaldes distritales y de otros cuerpos de seguridad, todo lo que hemos visto a nivel de las compras de equipos de protección de parte de las autoridades. A ello se suma la ausencia de dirección política de los planes y programas que debían darse para la seguridad.

Todo esto ha significado que nos encontremos después de la pandemia sin planes operativos, sin proyectos de inversión, con un gobierno que no le ha dado ningún tipo de importancia a la seguridad ciudadana. Ahora, que es un clamor en el país, sobre todo en Lima, recién le está empezando a dar importancia. Pero no existe una visión integral frente a la seguridad.

Por ejemplo, el problema de la trata de personas, de las mafias que están detrás del delito de la trata y del proxenetismo, son vistas por el primer ministro como un problema de “transmisión de enfermedades venéreas”. Eso da cuenta de la limitada visión que tienen las más altas autoridades del país. Ese es un ejemplo que grafica muy bien la profundidad del análisis y la escasez de propuestas de este gobierno.

Hablando de eso, si bien no se puede responsabilizar a la inmigración por los problemas de inseguridad que hay en el país, en los últimos días hemos visto al menos dos ataques contra trabajadora sexuales que hacen pensar que las bandas de extranjeros que explotan a estas mujeres están más activas que nunca.

Las bandas son peruanas, las hay colombianas y las hay también venezolanas. Aquí lo que hay es una pugna por el control territorial, han lotizado la ciudad, no solamente Lima, sino otras ciudades, bajo el antiguo esquema que tenía construcción civil o los delincuentes en Trujillo, por ejemplo, de las calcomanías y cobro de cupos. En este momento el cobro de cupos es la forma como los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes comunes y corrientes están lucrando con cualquier tipo de delito.

Por ejemplo, Junín, la última investigación de la Diviac, el alcalde de Huancayo y los funcionarios del municipio ¿no se dedicaban al cobro de cupos? ¿Las bandas que están aprovechándose de la explotación sexual no se dedican al cobro de cupos? Si tú quieres trabajar acá, me pagas primero. Aquí el gran problema es que el Estado ha abandonado su rol en el control territorial de la ciudad. No solo la Policía. Hay que investigar las denuncias que ha hecho la vocera de las trabajadoras sexuales, quien dice que sospecha que hay también serenos y policías involucrados en datearle a las mafias la presencia de trabajadoras sexuales.

Creo que una visión de que acá solamente son extranjeros a cargo de esto es una visión muy estrecha, sin duda acá hay otros responsables de la seguridad, como en efecto la Policía, en efecto el Serenazgo, funcionarios públicos, funcionarios de municipio, que están todos enconchabados en el negocio de la explotación sexual. Y esto es algo que tiene mucho tiempo. Esto existe desde antes que empezara la inmigración venezolana.

¿La Policía tiene hoy en día la capacidad de enfrentar el problema de la violencia asociada a la explotación sexual?

Hay una policía especializada, que es la Dirección Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Se creó justamente con el mandato de enfrentar este tipo de situaciones y a su vez también tiene a su cargo la Dirección de Personas Desaparecidas, porque está muy relacionado. El que migra como el que desaparece están en condiciones de vulnerabilidad muy altas para ser captados por los tratantes y ser explotados laboral o sexualmente. O ser vendidos o ser traficados. Hay una policía especializada. El problema es la inversión del Estado en este tema.

Hay una comisión multisectorial permanente de lucha contra la trata, que está integrada por Interior, Mujer, Salud, Trabajo, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros. ¿Sabe cuánto han recibido el año pasado todos los sectores a nivel nacional para hacer prevención, para perseguir el delito y para proteger a las víctimas? La inversión ha sido de menos de 20 centavos por persona al año. Entonces, ¿cómo se puede hacer prevención?, ¿cómo se puede perseguir el delito?, ¿cómo se puede apoyar a una Policía, a una fiscalía especializada, si lo que el Estado destina para este tipo de tareas es de 20 centavos por persona al año? Es así de grosero, de grotesco.

Por eso digo, hay que tener una visión más técnica, más integral, ¿qué se está haciendo?, ¿qué dice la norma?, ¿qué sectores están involucrados en el problema?, ¿cuánto se está invirtiendo para protegernos?, ¿por qué debo darle más plata a la Policía para proteger mi celular que para proteger a mi familia, que puede ser captada por estas bandas?

El Código Penal tiene muchísimos delitos consignados allí y cada uno de esos delitos supone una especialización al interior dela Policía y supone que hay que formar, que hay que darle recursos logísticos, económicos, humanos para enfrentar esta inmensa gama de delitos. Pero sobre todo en lo que hay que invertir es en tecnología, hay que tener manejo de big data, hay que saber meter toda esa información porque no podemos seguir siendo un estadio reactivo ante el delito. Tenemos que ser muy proactivos, tenemos que ponernos por delante y anticiparnos al delito en la medida de lo posible.

¿Este gobierno tiene una visión clara de lo que hay que hacer para combatir el delito?

Las medidas que están proponiendo dan cuenta de que no está preparado para enfrentar el delito. No conocemos de un plan. Sería importante tener un plan de largo plazo, uno de mediano plazo y uno de corto plazo, y ese plan tiene que tener al menos tres elementos. Uno, presupuesto, real. Dos, metas. Y tres, indicadores para poder evaluar el cumplimiento de esas metas. Si no tengo eso, es solamente un plan declarativo.