Aviso importante para inmigrantes en California: Patrulla Fronteriza no podrá arrestar a indocumentados sin una orden judicial

Una jueza federal en California dictó una importante medida que impide a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a inmigrantes que se encuentren, presuntamente, en situación irregular en Estados Unidos, a menos que cuenten con una orden judicial o haya motivos para suponer que la persona podría huir antes de obtenerla.

La resolución tomada el martes 29 de abril por la jueza federal del distrito Jennifer L. Thurston también establece que los agentes no podrán detener a personas sin contar con una causa razonable ni forzarlas a retornar a su país de origen mediante el procedimiento de "salida voluntaria", salvo que se les informe sobre sus derechos y consientan abandonar el país.

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¿Decisión de la jueza Jennifer L. Thurston aplica para todo el estado de California?

Jennifer L. Thurston indicó que la disposición solo tiene validez para las personas dentro del Distrito Este de California, área donde, en enero, varios individuos fueron detenidos luego de que la Patrulla Fronteriza implementara una operación de control migratorio conocida como "Operación Retorno al Remitente".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y funcionarios de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en representación del sindicato United Farm Workers y las personas afectadas por las redadas.

La ACLU argumentó que los agentes de la Patrulla Fronteriza mantuvieron detenidas de manera inconstitucional a varias personas durante casi una semana, quienes "parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros, sin importar su estatus migratorio real o sus circunstancias personales". Los detenidos fueron transportados en autobús hasta la frontera y retenidos sin poder comunicarse con sus familiares o abogados.

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"Agentes de la Patrulla Fronteriza violaron derechos constitucionales", señala jueza de California

"La prueba presentada ante el Tribunal demuestra que los agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo la autoridad del DHS, realizaron acciones que infringieron derechos constitucionales claramente establecidos", señaló Jennifer L. Thurston. 

Además, indicó que la Patrulla Fronteriza deberá entregar un informe cada 60 días, detallando quiénes fueron detenidos o arrestados sin órdenes judiciales y las razones de dichas detenciones, hasta que se resuelva la demanda.

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Abogados de la Patrulla Fronteriza cuestionan decisión de jueza Jennifer L. Thurston

Los abogados de la Patrulla Fronteriza, por su parte, sostuvieron que la jueza no tenía la autoridad para examinar el caso, ya que la ley federal establece que los temas migratorios solo pueden ser apelados una vez que un juez de inmigración emita una resolución final.

Además, los representantes del gobierno argumentaron que la demanda carece de fundamento, dado que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ya ha implementado nuevas directrices y programas de capacitación para sus agentes, especificando de manera clara cuándo es permitido detener o arrestar a personas sin órdenes judiciales y cuáles son los derechos de los detenidos tras su arresto.

Sin embargo, Thurston sostuvo que la Patrulla Fronteriza no puede declarar que la demanda carece de fundamento, solo porque implementó una nueva política tras la interposición de la demanda. Según la jueza, los lineamientos establecidos en la nueva política no son lo suficientemente rigurosos para prevenir las detenciones ilegales.