César Romero

@CesarRomeroCcesar.romero@glr.pe

Periodista, metido entre jueces, abogados, expedientes y sus gentes. Antes y después, padre de familia.

Entrevista a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Abogada. Exjueza superior titular de Lima. Integró la Sala Penal Especial que juzgó la red de corrupción Fujimori-Montesinos.

Aero Continente. Corte Suprema estableció que Fernando y Lupe Zevallos no acreditaron un patrimonio inicial y que luego la empresa aérea financió todos sus negocios vinculados.

Sentencia. La SUNAT no puede cobrar interés por el tiempo en exceso que el Estado demora en resolver el reclamo de un contribuyente contra un impuesto o multa.

Corte Suprema. Jueces dicen que el Estado no puede favorecer a determinadas empresas que distorsionan precios.

Propuesta. Consejero instructor solicitó su destitución por grave inconducta funcional como fiscal supremo y fiscal de la Nación. También piden la destitución del juez supremo Aldo Figueroa.

Ante la propuesta del consejero instructor, al concluir la investigación disciplinaria. La Junta Nacional de Justicia también ve la destitución del juez supremo Aldo Figueroa.

Cuenta todo. Su declaración cuestiona el nombramiento de tres jueces titulares de la Corte Suprema y las actividades del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

Esterilización forzada. Juez consideró necesaria la participación de traductores del quechua para las víctimas.

Temor al cambio. Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, enfrenta una denuncia por buscar la paridad entre hombres y mujeres en la Corte Suprema. Hoy, de 53 jueces supremos, entre provisionales y titulares, 26 son mujeres.

“Cuellos Blancos”. Exintegrante del CNM logró que sus amigos sean nombrados jueces en el Callao. A cambio, ofreció ayudar al expresidente de la Corte a ser juez supremo titular.

El 2019 y 2020. Por sus vínculos con la red de corrupción “Cuellos Blancos del Puerto”, los CNM audios y graves actos de corrupción e inconducta en el desempeño de sus funciones.

Nueva presidenta del Poder Judicial. Solicita a los jueces que demuestren a la sociedad su independencia y un rostro humano para atender con prontitud el reclamo de justicia.

Cuatro años. La mayoría de investigaciones están centradas en las colaboraciones eficaces de Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora Odebrecht. Suman en total 859 funcionarios públicos, políticos y empresarios sospechosos de cometer lavado de activos y actos de corrupción. El 2021 se debería pasar a incrementar considerablemente las acusaciones y los juicios públicos.

Apelación. La fiscal Sandra Castro indica que el presunto líder de una organización criminal tendrá contacto y podrá coordinar con todos los investigados.

Por salud. Juez Chávez le impone 36 meses de detención domiciliaria, al considerar su edad y problemas cardiacos que lo exponen a un contagio grave de COVID-19. Señala que sería líder de organización criminal y que hay peligro procesal y de fuga.

Audiencia. Fiscal advierte de un peligro de interferencia en las investigaciones. Los cuatro investigados se declararon inocentes.

Audiencia. Juez Jorge Chávez Tamariz escuchó el pedido de la Fiscalía para imponer 36 meses de prisión al líder y fundador de Podemos. Defensa cuestiona la credibilidad de los testigos y colaboradores. Luna Gálvez señaló que todo es un complot político.

Preliminar. El equipo fiscal Lava Jato lo investiga por un presunto aporte de Odebrecht el 2016. La investigación fue declarada compleja y se alargará hasta fines del 2022. El candidato lo considera un exceso de la Fiscalía.

Mercado. En cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema emite decreto supremo que busca regular la distorsión en la venta de energía eléctrica. Pero se aplaza hasta abril tomar alguna medida concreta para cerrar el problema que perjudica a usuarios.

Otra casualidad. La fiscal adjunta María Erazo emitió un informe al fiscal supremo Pablo Sánchez, que rápidamente terminó en manos de la defensa del empresario y fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Amplía investigación. Fiscal considera que aportes por US$ 10,8 millones que Fuerza Popular recibió de empresarios peruanos provienen del fraude o “robo empresarial”.