Juez justifica allanamiento en casa de presidenta Dina Boluarte con el antecedente del caso Pedro Castillo

​El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, —que autorizó el allanamiento, descerraje y el registro de la casa de la presidenta Dina Boluarte y de sus oficinas en Palacio de Gobierno e incautación de los Rolex— mencionó como antecedente jurídico el caso del expresidente Pedro Castillo, en relación con los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución.

Castillo, actualmente en prisión y con domicilio en la región Cajamarca, también fue objeto de una investigación preliminar en las que se dispusieron medidas de allanamiento, descerraje e incautación en su lugar de residencia en Lima —que quedaba dentro de Palacio de Gobierno— y en sus domicilios en Chungur, en Cajamarca, el año 2022.

Sobre este antecedente, el juez expresó que "cabe recordar que, en anterior oportunidad, al resolver un pedido de tutela de derechos en el expediente (Pedro Castillo), este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, analizando los alcances y límites del artículo 117 de la Constitución Política, concluyó, en concreto, que un presidente de la República en funciones sí podía ser investigado preliminarmente".

Anota que esta decisión "fue reafirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso 6 (sobre allanamiento, descerraje e incautación y otros), ratificando la posibilidad de poder efectuar una investigación preliminar o diligencias preliminares contra un presidente de la República en funciones".

Subraya que la interpretación de la norma constitucional en este sentido tiene como objetivo "la necesidad de realizar actos urgentes e imprescindibles para establecer, aun en mínimo grado, la realidad de unos determinados hechos y la intervención de ellos de sus posibles autores y partícipes".

En tanto, respecto al argumento de la defensa de que estas decisiones judiciales y fiscales distraen de sus funciones al jefe de Estado y de Gobierno, la resolución insiste en "la necesidad de realizar diligencias preliminares para evitar la pérdida de fuentes de prueba y de elementos materiales que el mero transcurso del tiempo puede afectar, a veces irremediablemente", más aún si se está ante hechos graves y de especial relevancia social.

Los hechos en investigación

A continuación, la resolución judicial describe los motivos y posibles hechos ilícitos que justifican la medida de allanamiento, descerraje, incautación y registro domiciliario y personal de la presidenta Dina Boluarte, que se realizó durante la noche de este viernes 29 y sábado último.

1) El inicio de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía de la Nación contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República, en calidad de presunta autora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito y del delito contra la fe pública, modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.

2) La publicación del portal web La Encerrona, del 14 de marzo de 2023, en la que se informó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene una colección de 14 relojes que luce en distintos eventos protocolares, uno de los cuales es un Rolex con valor aproximado de 14,600 dólares.

3) La publicación del mismo portal, del día siguiente, 15 de marzo, en la que identifica que también utiliza un Rolex modelo Datejust, valorizado entre 13 y 16 mil dólares, que equivale a cuatro veces su sueldo como presidenta.

4) El reportaje de Panorama del 17 de marzo de 2024, en el que el experto, David Su, identifica tres relojes marca Rolex con valores de 8.000, 10.000 y 14.000 dólares.

5) A partir de esos indicios, la Fiscalía incrimina a Dina Boluarte, en su condición, primero, de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, luego, como presidenta de la República, que al abusar de dichos cargos, en el periodo comprendido del 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024, incrementó su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, ya que sumó a su patrimonio tres relojes de la marca Rolex, bienes de lujo y de alta gama, valorizados en conjunto en 32.000 dólares. 

6) Además, se indica que la presidenta omitió consignar en su declaración jurada de ingresos y bienes y de rentas, correspondientes a los años 2021 a 2023, los tres relojes de marca Rolex.

De las diligencias

La Fiscalía también describió los presuntos actos de obstaculización o demora en la investigación que estaba realizando la defensa de la presidenta Boluarte. Así, indica:

1) El 25 de marzo, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, solicitó que en la declaración del representante de Rolex en el Perú, de la casa Banchero, participe el especialista en relojes de alta gama, Federico González Bolaños. Ese pedido fue autorizado ese mismo día, por lo que el especialista Jorge González estuvo presente en la declaración de Héctor Banchero Herrera.

2) El gerente de la casa Banchero declaró que, para conocer la originalidad de un Rolex, es necesario tener la pieza del reloj a mano, porque se tiene que destapar (sacar la parte trasera), procedimiento que solamente lo puede hacer un experto en relojes Rolex, debidamente acreditado y con herramientas especiales.

3) La declaración en el noticiero 24 horas del abogado tributarista José Verona, en la que explicó que, al tener el número de serie del Rolex, se puede obtener la trazabilidad del reloj: cuándo se fabricó, a qué país fue importado, quién fue el primer comprador en tienda o casa distribuidora. 

4) La declaración de la presidenta Dina Boluarte en RPP en la que dice: La presidenta afirmó que no teme a ninguna vacancia y que asistirá a la fiscalía con la verdad, con respecto al caso de los Rolex y que ya apersonó a sus abogados ante el Ministerio Público.

5) El escrito del abogado Mateo Castañeda, recibido el 26 de marzo, en la que pide reprogramación de la diligencia de exhibición de los tres relojes y la declaración indagatoria de Dina Boluarte, debido a la recargada agenda de actividades del despacho presidencial está y la próxima semana.

6) El acta de inconcurrencia de Boluarte a la diligencia de exhibición que se debió realizar el 26 de marzo. Ese mismo día, se dispone que la Fiscalía se constituya al domicilio de la presidenta en Surquillo, a las 8.00 de la mañana del 27 de marzo.

Actos de obstrucción

7) El 27 de marzo, el personal fiscal se constituyó en el domicilio de la presidenta. En principio, la Policía informó que la presidenta se encontraba en su casa y, luego, negó tal afirmación. Posteriormente, el capitán PNP Edith Alvarado Monje informó a los fiscales, por información del jefe encargado de la seguridad presidencial, comandante Morales Alva, que el personal fiscal se podía constituir en Palacio de Gobierno.

8) Al constituirse en Palacio de Gobierno, solo pudieron dejar la notificación bajo puerta. El personal fiscal se acercó por el ingreso de Desamparados y se entrevistó con personal del Despacho Presidencial en la caseta de seguridad, el señor Gerardo Zarate Alcántara, consultor de la sub Gerencia General del Despacho Presidencial, quien manifestó que la investigada Boluarte Zegarra no estaba disponible y entregó la cédula de notificación a la señorita Crisley Quispe Chávez.

Indicios suficientes

A partir de estos elementos, el juez considera que existen suficientes elementos de convicción que ponen de manifiesto la existencia de motivos razonables para considerar la presencia de bienes presuntamente delictivos o cosas relevantes para la investigación y para autorizar un allanamiento.

"Existe una alta probabilidad que, además de los relojes, se encuentre documentación relevante a efectos de los delitos materia de investigación en los inmuebles y vehículos sobre los que está planteando el requerimiento", explica el juez supremo.

Asimismo, se precisa que la autorización judicial es para ubicar e incautar los relojes Rolex, así como información contenida en documentos vinculados con los mismos.

Por tal razón, autorizó el allanamiento con descerraje, con registro domiciliario que comprenda ambientes interiores y demás dependencias cerradas y registro vehicular, además de registro personal de las personas presentes o que lleguen durante la diligencia. Se incluyó en la medida la casa de Surquillo, las oficinas de Palacio de Gobierno y el auto marca Honda, de placa CR-V-2018.

El juez denegó un pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones, al no encontrar vínculo entre conocer su historial de llamadas y la necesidad de investigar la forma en que se adquirieron los Rolex.