
Las obras de mejoramiento del Campo de Marte vuelven a estar en el centro de los cuestionamientos de vecinos y colectivos ciudadanos. Esta vez, las críticas apuntan no solo a la afectación del arbolado, sino también al expediente técnico con el que se ejecuta el proyecto y a las normas que, según los residentes, deberían proteger integralmente este espacio público de Jesús María.
Patricia De Las Casas, integrante de uno de los colectivos que cuestiona la intervención, sostuvo que el Campo de Marte no debe ser entendido únicamente como un espacio para instalar infraestructura deportiva o recreativa, sino como un área verde de carácter histórico, cultural y ambiental. Según explicó, la Ley N.° 16979 declara intangible el área verde del Campo de Marte y establece restricciones para construcciones que reduzcan o afecten su extensión.
La representante vecinal también cuestionó que esta norma no figure, según su revisión, entre los documentos que sustentan el expediente técnico. “La ley es muy clara: dice área verde intangible”, señaló durante una entrevista con La República.
A ello se suma, según los colectivos, la condición del Campo de Marte como Ambiente Urbano Monumental, una categoría que comprende todo el parque y no únicamente los monumentos ubicados en su interior. Una resolución del Instituto Nacional de Cultura declaró al Campo de Marte bajo esta condición, mientras que el Ministerio de Cultura intervino posteriormente en la evaluación del proyecto.
La vecina sostuvo que esta condición obliga a que cualquier modificación o cambio en el proyecto cuente con la autorización correspondiente del Ministerio de Cultura. Precisamente, un documento de esa cartera de noviembre de 2025 señala que la evaluación del proyecto de mejoramiento del Campo de Marte se realizó en el marco de la normativa de protección del patrimonio cultural y dentro del ámbito del Ambiente Urbano Monumental.
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Otro de los puntos señalados por los colectivos es la diferencia entre lo anunciado por INVERMET en agosto y la situación actual. En agosto, la Municipalidad de Lima informó que se había otorgado la buena pro al Consorcio Campo de Marte para elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos pendientes.
Sin embargo, los vecinos sostienen que la intervención continúa tomando como referencia el expediente previamente cuestionado y que el incremento presupuestal habría llevado el costo del proyecto de unos S/26 millones a más de S/46 millones.
La controversia se produce mientras documentos oficiales obtenidos por los propios colectivos muestran que, en octubre, INVERMET reconoció que todavía no contaba con planos, especificaciones técnicas ni una solución final aprobada para determinados sectores del cerco perimétrico. Esa documentación debía formar parte del expediente técnico del saldo de obra, que se encontraba en elaboración.
En paralelo, el Ministerio de Cultura habría solicitado información sobre el estado de avance, el ejecutor y los trabajos autorizados para realizar el control técnico correspondiente. Según Patricia, esa comunicación fue remitida el 18 de septiembre y los vecinos permanecen a la espera de conocer la respuesta.
Este medio se encuentra a la espera de los descargos del Ministerio de Cultura.
La afectación del arbolado es otro de los principales reclamos. La entrevistada cuestionó que se continúe utilizando la cifra de 63 árboles muertos como si correspondiera al estado actual del parque. Ese número proviene de una evaluación anterior a la actual etapa de intervención.
Los colectivos sostienen que actualmente el número podría ser mayor, aunque reconocen que no cuentan con un registro actualizado debido a las restricciones de acceso a determinadas zonas del parque. Por ello, la cifra de “200 a 300” ejemplares mencionada durante la entrevista debe ser considerada una estimación vecinal y no un dato oficial.
La representante también cuestionó la intervención sobre el sistema de riego y el canal Huatica, al que atribuye un papel histórico en el abastecimiento de agua del parque. Según su versión, el proyecto habría afectado este sistema para implementar riego por aspersión.
INVERMET, sin embargo, sostiene una versión distinta. En su comunicado del 5 de noviembre afirmó que el proyecto mantiene el canal abierto e incorpora riego por aspersión. También indicó que el pozo tubular cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La entidad también aseguró que realiza labores permanentes de riego, limpieza y conservación de las áreas verdes y que el proyecto contempla el retiro de únicamente cuatro árboles secos ubicados en el jirón Nazca, debido al riesgo que representaban para los visitantes.
Mientras tanto, los colectivos sostienen que el problema trasciende la muerte de determinados ejemplares. “No solamente están muriendo los árboles; está muriendo el parque”, afirmó Patricia, quien pidió que las autoridades evalúen la intervención considerando al Campo de Marte como un conjunto histórico, ambiental y urbano.
La polémica se mantiene mientras las obras continúan y el proyecto, iniciado a fines de 2025, acumula retrasos, una primera resolución contractual y una nueva etapa de ejecución.

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