
El Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1742, que establece las condiciones para la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia. La norma permite que el personal militar actúe en coordinación y apoyo con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Entre las nuevas facultades figuran la instalación de anillos de seguridad, el patrullaje de zonas cercanas y la revisión del ingreso de visitantes, proveedores y trabajadores penitenciarios. La disposición se publicó este domingo 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano y forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para recuperar el control y el orden en las cárceles.
El personal de las Fuerzas Armadas podrá establecer y mantener anillos de seguridad alrededor de los establecimientos penitenciarios incluidos en la medida. También tendrá autorización para realizar labores de vigilancia, protección y control en el perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos considerados críticos para la seguridad de los penales.
La norma incorpora, además, tareas de reconocimiento e inteligencia en las zonas de influencia de las cárceles. Estas acciones permitirán identificar y evaluar posibles amenazas contra la seguridad externa, así como prevenir riesgos mediante la coordinación con las autoridades competentes. La intervención militar tendrá carácter excepcional y temporal, y se desarrollará en apoyo de la PNP y el INPE.
Otra de las atribuciones contempladas en el Decreto Legislativo 1742 es el uso de inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones. Los militares también podrán apoyar en la detección y el desmontaje de antenas, repetidores y otros equipos de comunicación que no cuenten con autorización. Para estas acciones deberán coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El decreto también permite que el personal militar participe en el control, revisión y registro de las personas que ingresen a los establecimientos penitenciarios. Esta disposición alcanza a visitantes, proveedores y trabajadores del INPE. La publicación de la norma ocurre luego de que el Gobierno prorrogara por 60 días el estado de emergencia en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

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