Gobierno prorroga estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días: conoce las restricciones

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional, debido a la persistencia de la perturbación de la paz y el orden interno. La medida permite que la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), mantenga el control del orden interno dentro y alrededor de estos centros.

La disposición figura en el Decreto Supremo N.° 148-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La prórroga comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

¿Qué restricciones establece el estado de emergencia en los penales?

Durante los 60 días de prórroga, la norma restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personales para quienes ingresen a los establecimientos penitenciarios o circulen por su perímetro exterior, hasta un radio de 200 metros desde sus límites.

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En ese espacio, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención también comprende la protección del perímetro de los penales y de sus áreas de intangibilidad.

El decreto precisa que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conserva la administración y custodia de los establecimientos. Por su parte, la PNP y las FFAA deberán realizar operativos permanentes para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y sus zonas aledañas.

¿Qué operativos podrán realizar la PNP y las Fuerzas Armadas?

El decreto establece cuatro tipos de intervenciones conjuntas:

• Protección del perímetro: seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del espacio exterior hasta un radio de 200 metros. La protección puede incluir el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
• Control de accesos: supervisión del ingreso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.
• Incautación de objetos prohibidos: operativos permanentes para decomisar tarjetas SIM (chips telefónicos), celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
• Acciones de inteligencia: medidas para prevenir fugas, alteraciones del orden y actividades delictivas dentro de los penales.

La norma también dispone que la actuación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas respete los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Para ello, ambas instituciones deberán coordinar protocolos comunes sobre el control de acceso y el ingreso al perímetro de seguridad.