Investigado por captar peruanos para trabajar en base militar en Rusia afrontará 14 meses de prisión preventiva

Pocho Pinto, de 54 años, afrontará 14 meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación fiscal por el presunto delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral. El caso comprende a Julio Salazar, quien falleció en abril de 2026 durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y a otros tres ciudadanos peruanos que habrían sido trasladados al país europeo.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat. Según las pesquisas, Pinto habría intervenido en la captación y el traslado de los ciudadanos mediante ofertas laborales para desempeñarse como personal de seguridad en una instalación militar rusa. El investigado fue detenido preliminarmente el 1 de octubre, en un operativo coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) y con apoyo de la organización Aerial Recovery.

Ofrecía sueldos de US$ 2.300 y un bono de US$ 20.000 para captar peruanos en Rusia

Según las investigaciones fiscales, en marzo de 2026, Pinto presuntamente coordinó y financió el traslado de cuatro ciudadanos peruanos hacia Europa. Para persuadirlos, les ofreció sueldos mensuales de US$ 2.300, un bono de US$ 20.000 al cumplir un año de servicio y la promesa de obtener la nacionalidad rusa.

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El expediente detalla que el imputado les aseguró bajo engaños que no serían enviados al frente de batalla. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que Julio Salazar, una de las víctimas, fue internado en instalaciones militares, donde recibió entrenamiento y fue forzado a firmar un contrato en ruso cuyo contenido desconocía. Semanas después, fue enviado a la primera línea de combate del conflicto ruso-ucraniano, donde perdió la vida en abril de 2026.

Fiscalía sustenta la prisión preventiva con evidencias recogidas en inmuebles de Comas

La intervención contra Pocho Pinto se ejecutó el 1 de octubre, cuando las autoridades también allanaron dos inmuebles vinculados al investigado en el distrito de Comas. Durante las diligencias se dispuso la incautación de teléfonos celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en soles y dólares, además de otros elementos que serán sometidos a análisis.

El procedimiento contó con la participación de fiscales adjuntos provinciales especializados y efectivos de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional del Perú. La organización Aerial Recovery brindó apoyo durante el despliegue.

El Ministerio Público indicó que la medida de prisión preventiva se sustentó en elementos de convicción obtenidos durante la investigación preliminar y en las evidencias recogidas durante los allanamientos. La pesquisa busca esclarecer la presunta participación del investigado en la captación y el traslado de los cuatro ciudadanos peruanos.