
El río Rímac podría convertirse en uno de los principales ejes de transformación urbana de Lima Este durante los próximos años. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2026-2036, aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima, plantea intervenir 41 kilómetros de su recorrido con espacios para ciclistas, áreas verdes, puentes y miradores.
La propuesta forma parte de un plan que comprende San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina, Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, en una extensión de 58.600 hectáreas. El instrumento busca orientar el crecimiento de una zona donde viven más de 3 millones de personas y establece medidas relacionadas con infraestructura, ambiente y ocupación del territorio.
La intervención propuesta para el río Rímac contempla una renovación paisajística de distintos sectores de su recorrido. El planteamiento incorpora ciclovías, malecones, vegetación ribereña, arborización, puentes y miradores, con el objetivo de establecer un corredor ecoturístico conectado con el entorno urbano de Lima Este.
El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) precisó que las imágenes difundidas sobre este proyecto tienen carácter referencial y conceptual. El PDU establece la zonificación y una hoja de ruta, mientras que las características definitivas de las obras deberán ser determinadas mediante proyectos de ingeniería posteriores. La ejecución tampoco corresponde directamente al plan, pues dependerá de entidades públicas o privadas y de la disponibilidad presupuestal.
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Otro de los componentes del PDU está relacionado con las viviendas ubicadas en laderas. Según el IMP, cerca de 500.000 personas residen actualmente en sectores considerados de alto riesgo, mientras que más del 80% de las construcciones en estas áreas serían informales. Frente a esta situación, se plantean obras para reducir peligros y medidas de ordenamiento territorial.
El plan también contempla clasificar determinadas laderas como zonas de reglamentación especial durante cinco años, lo que permitiría a sus habitantes acceder al Programa Agua Segura para Lima y Callao. Además, se prevé la intervención de Cofopri para avanzar en la formalización de propiedades. Para los sectores donde persistan condiciones de mayor peligro, se plantea trasladar a las familias hacia espacios seguros o con riesgos mitigados mediante futuros proyectos de vivienda y regeneración urbana.
La propuesta considera un esquema en el que las familias podrían aportar sus terrenos para incorporarse a proyectos habitacionales y recibir viviendas formales. La aplicación de esta alternativa requeriría coordinación con el Ministerio de Vivienda y el uso del Bono Salvando Vidas.
El horizonte del PDU es de diez años, aunque el avance de sus proyectos estará condicionado por las decisiones de las autoridades, la participación de las entidades involucradas y la asignación de recursos. Además, la normativa establece la actualización anual del plan para revisar sus metas y avances.






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