
El Poder Judicial impuso 18 años y cinco meses de prisión efectiva a Jordano L. por el asesinato de un adolescente de 16 años ocurrido en septiembre de 2024, durante un enfrentamiento entre presuntos barristas en San Martín de Porres (SMP). La condena también comprende el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público luego de que la Fiscalía sustentara durante el juicio oral diversos elementos vinculados con el crimen. El fallo corresponde a primera instancia, por lo que la defensa del condenado aún puede presentar una apelación.
El enfrentamiento se produjo en las inmediaciones del jirón Ricardo Palma y la avenida José Granda, en la zona de Condevilla. De acuerdo con los reportes de la prensa local citados por el Ministerio Público, la disputa incluyó el lanzamiento de piedras y el uso de machetes.
En medio de la pelea, Jordano L., quien tenía 18 años en ese momento, disparó contra el menor y le causó una herida mortal en la cabeza. Tras el ataque, el entonces investigado escapó del lugar.
La identificación del presunto autor estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizó acciones de investigación y posteriormente acudió hasta su vivienda. Durante la intervención, los agentes encontraron dos casquillos percutidos. En el registro de su habitación también ubicaron un revólver abastecido dentro de un ropero, por lo que fue trasladado a una dependencia policial.
El crimen se produjo en un enfrentamiento entre barristas, donde Jordano L. disparó y causó la muerte del menor. La Policía encontró un revólver en su hogar relacionado con el caso.
Para sustentar la acusación, el fiscal adjunto provincial Sergio Arturo Arroyo Loayza presentó diferentes elementos obtenidos durante la investigación. Entre ellos estuvieron las actas de intervención, los registros personal y domiciliario, el protocolo de necropsia, los testimonios de policías y testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad.
La Fiscalía también incorporó las pericias balística forense y de residuo de disparo. A ello se sumó el examen que permitió homologar el proyectil extraído del cuerpo del adolescente con el resultado del análisis realizado al arma empleada en el asesinato, además de la consulta efectuada ante Sucamec.
Con estos elementos, el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad del acusado por homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. La resolución judicial no es definitiva, debido a que fue emitida en primera instancia y puede ser cuestionada mediante los recursos correspondientes.






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