Lideresa awajún anuncia denuncia internacional contra ministro de Justicia por dichos sobre abusos en Condorcanqui

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), Rosemary Pioc, anunció que impulsará una denuncia internacional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, por sus declaraciones sobre los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas de Condorcanqui, Amazonas.

En diálogo con Exitosa, Pioc calificó de “gravísimo” lo expresado por el titular del Ministerio de Justicia y cuestionó que atribuyera un “origen cultural” a las agresiones sexuales registradas en comunidades awajún y wampis. La dirigente sostuvo que existe un desconocimiento de la realidad y de la cosmovisión de los pueblos indígenas.

“Las violaciones no son culturales”, señaló Pioc, quien también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las denuncias que las organizaciones de mujeres vienen realizando desde hace varios años. La lideresa adelantó que su organización recurrirá a instancias internacionales debido a la gravedad de las declaraciones.

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Las declaraciones de Álvarez ocurrieron el 15 de septiembre, durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Al responder sobre las medidas del Estado frente a los casos de violencia sexual en Condorcanqui, el ministro sostuvo inicialmente que existía un “hecho cultural que hay que corregir desde la raíz”.

Luego de que la presidenta de la comisión cuestionara que calificara estos hechos como culturales, Álvarez señaló que se había expresado mal y precisó que, según su explicación, los delitos tendrían un “origen cultural”, pero que constituían un “delito abominable”. También afirmó que los responsables debían ser tratados como delincuentes, independientemente de que pertenecieran a pueblos indígenas o fueran colonos.

Defensoría advierte que la violencia persiste

La controversia ocurre mientras organismos del Estado reconocen que la violencia sexual contra menores en Condorcanqui continúa siendo un problema estructural.

En un informe publicado el 16 de septiembre, la Defensoría del Pueblo concluyó que, a casi diez años de conocerse esta problemática, las vulneraciones persisten y afectan a cientos de niños, adolescentes y sus familias. La institución identificó omisiones en la prevención, atención, denuncia, registro y separación preventiva de personal denunciado por violencia sexual. También advirtió que las demoras ocasionaron que algunos procedimientos disciplinarios prescribieran.

El informe defensorial también señala deficiencias en las residencias y servicios educativos para adolescentes indígenas, así como brechas de infraestructura, servicios básicos, materiales en lenguas awajún y wampis y atención de salud y protección. Entre sus recomendaciones plantea fortalecer la prevención y respuesta frente a la violencia sexual, garantizar atención integral y asistencia legal para las víctimas y determinar responsabilidades por omisiones o incumplimientos.

El Estado cuenta actualmente con un Plan de Acción Intersectorial 2026 para Condorcanqui, en el que participan 16 entidades públicas y se contemplan 85 medidas en salud, educación, protección y articulación. El propio MIMP reconoce que este plan da continuidad a una intervención iniciada en 2024 y que busca prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en la provincia.

OEA evaluó respuesta del Estado

La situación también ha sido examinada recientemente por organismos internacionales. En septiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA visitó Condorcanqui y sostuvo reuniones con autoridades, lideresas, organizaciones de mujeres y familiares de víctimas para evaluar las condiciones de acceso a protección, salud y justicia.

El Poder Judicial informó que la misión reconoció la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Amazonas y recomendó fortalecerlo. El sistema comenzó a funcionar en Condorcanqui en enero de 2026 y comprende juzgados especializados para atender casos de violencia contra mujeres y otros integrantes del grupo familiar.

En marzo, además, el MIMP informó que había acordado con Rosemary Pioc y otras lideresas implementar un plan de acción inmediato para fortalecer la prevención y atención de la violencia en las comunidades de Condorcanqui.

La denuncia anunciada por Pioc se produce, así, en medio de una nueva revisión de la respuesta estatal frente a una problemática que las organizaciones indígenas denuncian desde hace años y que organismos públicos continúan identificando como una situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.