
El exjefe de Migraciones, Boris Potozén se pronunció sobre las denuncias de una presunta red dedicada a introducir droga en equipajes dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según señaló, este tipo de hechos no sería reciente y ya se habría presentado en el antiguo terminal aéreo.
Las declaraciones se produjeron luego de un reportaje de Cuarto Poder que expuso la presunta participación de trabajadores de la empresa Talma en la manipulación de maletas dentro de áreas restringidas. Potozén sostuvo que estos espacios cuentan con protocolos de seguridad y acceso limitado, pero advirtió que podrían estar siendo vulnerados por organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con el exfuncionario, las áreas donde se habría producido la manipulación de equipajes no son de acceso público y están destinadas exclusivamente a personal autorizado. En ese contexto, consideró relevante investigar cómo personas vinculadas a redes delictivas logran ingresar y operar dentro de estos espacios sin ser detectadas durante los controles establecidos.
Potozén también señaló que la situación genera preocupación por la posibilidad de que los pasajeros resulten afectados sin conocer que sus equipajes fueron manipulados. Según explicó, el problema estaría relacionado con el incumplimiento de protocolos destinados a resguardar las maletas durante el proceso previo al embarque de los viajeros.
Mafia en el Jorge Chávez: trabajadores del aeropuerto colocaban droga en maletas de pasajeros
El exjefe de Migraciones sostuvo que la responsabilidad inicial sobre la seguridad de los espacios restringidos corresponde a los operadores que administran dichas instalaciones. En el caso señalado, identificó a Talma como la empresa que tiene competencia sobre la zona donde se habrían producido los hechos expuestos en el reportaje periodístico.
Potozén además explicó que la Policía y la Fiscalía no pueden ingresar libremente a determinadas áreas administradas por empresas privadas, debido a las condiciones de acceso establecidas. Según indicó, las autoridades pueden depender de autorizaciones del operador o de información obtenida mediante investigaciones, además de los registros de las cámaras y otros equipos de seguridad instalados en el aeropuerto.





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