Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días
La medida busca enfrentar la ola de violencia y dispone restricciones a derechos constitucionales. El anuncio ocurre cuando los homicidios y ataques armados continúan registrándose en la capital y la provincia constitucional, con 105 contabilizados desde la juramentación de la presidenta.
El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, ante la persistencia de la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, establece nuevas acciones para combatir el delito y permite la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La declaratoria ocurre en un contexto de violencia que continúa golpeando al país pese a las medidas de seguridad adoptadas. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante el primer mes de la gestión de Fujimori se registraron 151 homicidios en el país. Del total, el 75,5% fue cometido con armas de fuego y Lima concentró 48 muertes, siendo la región con mayor número de casos.
Video destacado
KEIKO SE CREE 'AVENGER' Y DIPUTADA DE JP PODRÍA SER INHABILITADA POR D1SCRIMIN4CIÓN | ARDE TROYA
¿Qué derechos se restringirán durante el estado de emergencia?
Durante los 60 días de vigencia de la medida, podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
- Tras 10 años recorriendo comunidades andinas: el perro peruano Chaku consigue histórico logro internacional y es reconocido como nueva raza oficial del país
- Empresa peruana de telefonía es multada con S/ 56.430 por publicidad engañosa al afirmar que su servicio de Internet 'nunca se cae' sin demostrarlo
La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, principalmente sobre la base de información de inteligencia, indicadores de criminalidad, estadísticas y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas también podrán participar en las acciones de seguridad, de acuerdo con las normas que regulan el uso y empleo de la fuerza.
Para las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos masivos y públicos será necesario solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.
Gobierno también anuncia medidas en los penales
El decreto contempla acciones de control penitenciario y contra las telecomunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas figura el apagón eléctrico de las celdas, manteniéndose únicamente la iluminación, así como el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación instaladas ilegalmente.
Además, las fuerzas integradas tendrán a su cargo la vigilancia y sostenimiento del perímetro de los penales durante la emergencia.
La norma dispone también que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Callao y otros organismos vinculados a la política criminal permanezcan en sesión permanente mientras dure la medida.
Asimismo, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú.
Medida cuestionada
La nueva declaratoria también llega después de que los gremios de transportistas cuestionaran la respuesta del Gobierno frente a la ola de extorsiones. La amenaza de un paro nacional en Lima y Callao, convocado para el 25 de agosto, evidenció el malestar del sector por los ataques que continúan afectando a conductores y empresas pese al despliegue policial y militar anunciado por el Ejecutivo.
Aunque la paralización fue desactivada tras acuerdos con el Gobierno, los dirigentes mantienen como principal reclamo la falta de resultados concretos frente al crimen organizado.
La declaratoria de emergencia plantea así una nueva respuesta del Ejecutivo frente a la inseguridad. No obstante, sus resultados serán puestos a prueba por una criminalidad que continúa dejando víctimas y que sigue activa.
