Más de 10.000 menores infringieron la ley en solo cinco meses en Perú: inician plan de deshacinamiento en centros juveniles

El incremento de adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal vuelve a poner bajo presión al sistema de justicia juvenil. Entre enero y mayo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró más de 10.000 infracciones cometidas por menores de edad en el país, con mayor incidencia en Lima, Lambayeque y La Libertad. En paralelo, los centros juveniles enfrentan problemas de sobrepoblación que, según las autoridades, dificultan el proceso de rehabilitación y la atención especializada de los internos.

Frente a este escenario, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inició la implementación de un plan de deshacinamiento de alcance nacional y presentó una propuesta para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. La iniciativa busca reducir la sobrepoblación de estos establecimientos y establecer nuevos criterios para el traslado de internos mayores de edad a establecimientos penitenciarios administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Pronacej informó que cada mes ingresan, en promedio, 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). Además, 7 de cada 10 establecimientos operan con sobrepoblación y el 51% de los internos ya cumplió los 18 años, aunque permanece en estos recintos porque la legislación vigente dispone que las medidas socioeducativas se ejecuten en centros juveniles cuando la infracción fue cometida antes de alcanzar la mayoría de edad.

Propuesta para aliviar la sobrepoblación

Como parte de las medidas anunciadas, Pronacej promoverá la variación de la medida socioeducativa para unos 300 adolescentes que cumplen los requisitos para acceder a libertad o semilibertad. También prevé trasladar a otros 300 jóvenes considerados de alto riesgo desde centros del norte del país hacia establecimientos de mayor seguridad en Lima, habilitar siete nuevos ambientes con capacidad para 230 internos en Lima y Pucallpa, además de reforzar la seguridad con más agentes, cámaras y concertinas.

El director ejecutivo de Pronacej, Luis Vega, sostuvo que la propuesta también busca adecuar la legislación a la realidad que enfrentan los centros juveniles. "El objetivo de sumarnos formalmente al pedido de otras instituciones, y como parte del sistema judicial juvenil, es promover que la norma sea coherente con la realidad que atraviesa el país, ya que el contagio criminógeno es una realidad y es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes que debemos devolver reformados a la sociedad", afirmó.

La modificación normativa plantea que los internos que cumplan 18 años puedan ser trasladados al INPE cuando cometan nuevas infracciones durante el cumplimiento de la medida socioeducativa, incurran en faltas disciplinarias graves o presenten un riesgo de reincidencia asociado a conductas violentas, determinado por un equipo especializado.

En una entrevista concedida previamente a La República, Vega explicó que la permanencia de adultos en centros juveniles responde a la legislación vigente. "No podemos tener adultos con los niños, no podemos tener adultos hasta los 27 o 28 años en centros juveniles que no están preparados para albergarlos", señaló.

Delitos contra el patrimonio predominan

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que, solo durante el primer trimestre de 2026, 1.158 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en flagrancia por infracciones a la ley penal. Lambayeque encabezó el registro con 132 casos, seguido de Junín (114), Lima Este (112), Lima Sur (103) y La Libertad (100).

El grupo de 17 años concentró el mayor número de intervenciones y el 89,2% de los detenidos correspondió al sexo masculino. Asimismo, los delitos más frecuentes fueron hurto agravado, robo agravado y receptación, mientras que extorsión, homicidio y sicariato registraron una menor incidencia.

Para Pronacej, el crecimiento de la población en los centros juveniles también repercute en el tratamiento de los adolescentes. Según Vega, algunos equipos técnicos atienden hasta 150 internos cuando lo recomendable sería acompañar a unos 50. "Estamos preocupados más por la seguridad que por el tratamiento y eso no es correcto", advirtió.