Violencia policial: la muerte de chofer en SJM y otros casos recientes reabren debate sobre ley procrimen

Un chofer de transporte público falleció durante una intervención policial en San Juan de Miraflores. Lizandro José Arellano Quintana (24) perdió la vida tras recibir un impacto de bala perpetrado por el suboficial PNP de primera Alex Oblitas Chambi, cuando intentó huir del operativo al no contar con la versión física de sus documentos.

La Policía sostiene que el agente usó su arma reglamentaria en defensa propia, tras ser agredido por el chofer y la cobradora, e impactado por la unidad durante su fuga. En tanto, la familia de la víctima denuncia una respuesta desproporcionada del efectivo y exige una investigación para esclarecer los hechos.

El caso ha reabierto el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en intervenciones policiales, en medio de la aprobación de una ley para que los presuntos delitos cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones sean juzgados en tribunales castrenses y no civiles.

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Muerte en intervención

El abogado penalista Rolando Bazán señaló que un policía solo puede usar su arma de fuego cuando existe peligro inminente para él o terceros. En ese sentido, para determinar si hubo excesos en este caso, aseguró que las pruebas que se recojan tendrán que comprobar esa necesidad.

Como parte del proceso, tendrá que verificarse si el vehículo de transporte público podría ser considerado como un arma potencial que puso en riesgo la integridad de peatones, pasajeros o del propio agente, añadió.

Condiciones diferentes

Para Bazán, este hecho es distinto a la intervención policial que se dio tras el asalto armado a un cambista en el Centro de Lima, el pasado 22 de junio. En ese caso, se vio a un policía perseguir sin disparar a Walter Trujillo Ramírez (30), uno de los presuntos delincuentes que intentó huir con un arma en la mano.

En su opinión, en ese escenario con un hombre armado, sí se evidenció un peligro inminente para terceros y el propio policía, por lo que este pudo haber resguardado su vida y su salud utilizando su arma reglamentaria.

No obstante, en la situación del chofer, no observó preliminarmente un riesgo de esta magnitud. “Ahí el punto de inflexión es que él no tenía un arma, potencialmente no generaba un peligro”, dijo. Sin embargo, precisó que las investigaciones determinarán el peligro que representó el vehículo en la acción.

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, también consideró que en el caso del robo al cambista el uso del arma policial hubiera estado justificado, una posición distinta a la que tiene sobre la intervención al chofer. “No veo que haya existido peligro para la vida de un policía o un tercero”, afirmó.

El fuero de investigación

La muerte del chofer durante una intervención policial ocurrió días después de que el Congreso aprobara, en segunda votación, una ley para que los presuntos delitos cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones sean juzgados en tribunales castrenses y no civiles. La iniciativa podría ser promulgada u observada por el presidente de la República o, en su defecto, aprobada por insistencia por el Parlamento.

Asimismo, se produce tras el fallecimiento de un menor de 17 años bajo custodia policial en la comisaría de Manchay (Pachacámac) y otros casos recientes de presunto abuso policial: en Puno, un abogado denunció haber sido agredido por agentes cuando acudió a interponer una denuncia, y en Moquegua, un danzante de tijeras habría sido reducido con violencia excesiva al intentar ser retirado de la vía pública.

Según Valdés, bajo la aplicación de esa norma, el caso del chofer tendría que ser investigado por el fuero policial, lo que se repetiría con otras situaciones similares, como la muerte del menor en la dependencia policial de Manchay. “Hay una sensación de impunidad, de decir ‘a mí me me van a sancionar otros policías y entenderán que actué de acuerdo a la percepción del riesgo’”, afirmó.

El abogado Bazán también advirtió un posible efecto negativo de la medida. “Debería ser cuestionada. Si bien es cierto, busca definir lo que es el ejercicio de la función policial y militar, su expansión en lo que determina ley puede acarrear situaciones en las cuales un bien jurídico individual, como la vida y la salud, tenga que ser vinculado a un fuero de justicia militar o policial, cuando lo que corresponde es la vía común u ordinaria, es decir, con los jueces del Poder Judicial”, apuntó.

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