El caso ‘Los Capibara’: Una adolescente asesinada y un empresario desaparecido

La mañana del 5 de enero del 2025, un caso impactó a los peruanos. L.F.P.G., una adolescente indígena de 17 años, fue secuestrada por dos sujetos que la interceptaron cerca de su vivienda en el distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, en Pasco. Horas después, sus padres recibieron en su celular un video con un mensaje: “Acá tenemos a tu hija, todo bien”.

Y agregaron: “Le estamos siguiendo sus pasos, por donde caminen, hacen cualquier movimiento y tenemos un grupo que los está vigilando”.

Primero exigieron un millón de soles por su liberación. Luego negociaron y rebajaron el monto a S/500.000. La familia solo pudo recaudar S/45.000. Hicieron el depósito sin imaginar que la menor ya había sido asesinada y enterrada. Antes de morir, la menor pidió comunicarse con su madre, pero los criminales no tuvieron clemencia.

Este es el caso de L.F.P.G., una historia que puso en evidencia que, aún en el siglo XXI, la desigualdad, el dinero y la impunidad de algunos pocos siguen marcando el destino de las personas más vulnerables.

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Este miércoles, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) logró que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra 14 presuntos integrantes de la organización criminal denominada Los Capibaras, investigada por ese y otros delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco.

En efecto, esta red mafiosa secuestró a agricultores, ganaderos, madereros y exportadores de café en esas regiones.

El 3 de noviembre del 2024, esta banda había secuestrado al empresario ganadero Francisco Andrés Alanoca Ramírez (63), mientras se encontraba solo en su parcela de San Alejandro, provincia de Puerto Inca, Huánuco.

Su familia recibió una primera prueba de vida en video y, en su desesperación, vendió propiedades y pidió préstamos para pagar el rescate. Sin embargo, pese a entregar una suma menor al millón de soles exigido, los secuestradores no cumplieron con liberarlo.

En enero del 2025 volvieron a comunicarse y recibieron parte del dinero exigido, pero sin ofrecer nuevas pruebas de vida.

INDIGNACIÓN Y JUSTICIA

El Ministerio de Justicia informó que la intervención de la Defensa Pública de víctimas se inició el 27 de enero del 2025, cuando un defensor público de la Dirección Distrital de Ucayali brindó asistencia legal y acompañamiento a los familiares de la adolescente L.F.P.G. (17) y del ganadero.

En el caso de la menor, el cuerpo fue ubicado gracias a la información proporcionada por un aspirante a colaborador eficaz. En tanto, en el caso del empresario ganadero, pese a que sus familiares entregaron S/190.000 como parte del rescate exigido por los delincuentes, la víctima no fue liberada y hasta la fecha permanece desaparecida.

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De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta organización criminal seleccionaba a personas con aparentes recursos económicos para exigir rescates de hasta un millón de soles. Para presionar a las familias, enviaban mensajes y videos en los que las víctimas aparecían amenazadas con armas de fuego.

Las diligencias permitieron identificar la presunta participación de 15 integrantes de la organización y vincularlos con al menos 10 homicidios cometidos bajo el mismo modus operandi. Asimismo, la información aportada por un colaborador eficaz resultó clave para orientar la búsqueda de otros cuerpos relacionados con estos hechos y consolidar los elementos de convicción que sustentaron el pedido de prisión preventiva.

Como parte de la defensa integral de las víctimas, la Defensa Pública promovió además la constitución en actor civil dentro del proceso penal y solicitó una reparación civil de S/500.000 para cada una de las partes agraviadas, debido a la gravedad de los delitos y al daño ocasionado a las familias.