Banda criminal ‘La guerrilla pobre’ captó y extorsionó a unas 200 mujeres en Perú

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Cusco investiga a 18 supuestos integrantes de la red criminal 'La guerrilla pobre', señalada por forzar a mujeres peruanas y extranjeras en situación vulnerable a prostituirse en la Ciudad Imperial, utilizando amenazas, drogas y una estructura criminal para someterlas y lucrarse con su explotación.

Esta organización es acusada de asesinar el 3 de abril a la ciudadana paraguaya Deysi González, en el distrito de Wanchaq (Cusco) quien, de acuerdo a la Policía, fue atacada por negarse a pagar cupos semanales. La investigación da cuenta, asimismo, que esta modalidad de extorsión viene afectando a unas 200 mujeres en esa región.

El fiscal Carlos Alanya dispuso el allanamiento en 13 inmuebles ubicados en Cusco, en el Callao y en San Juan de Miraflores (Lima), y logró la detención preliminar judicial de esas 18 personas investigadas por delitos de trata de personas, extorsión, microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas y homicidio calificado.

Según la investigación fiscal, serían integrantes de 'La guerrilla pobre', cuyo cabecilla sería Engelber Pacheco e integrada por el financista Greiss Pacheco.

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El encargado de organizar las actividades ilícitas sería Pedro Jesús Aguiar Célis (37), capturado en Tumbes cuando pretendía huir a Venezuela, su país natal.

Otro de los detenidos es Jacsell José Mujica Marcano (37), quien, de acuerdo con las pesquisas, habría cumplido el rol de conductor, facilitando la huida del autor material del ataque que sufrió la ciudadana paraguaya.

La modalidad de la organización consistía en captar víctimas, principalmente mujeres nacionales y extranjeras en situación de vulnerabilidad, mediante falsas ofertas laborales, para luego trasladarlas a Cusco y someterlas a actos de explotación sexual en locales nocturnos como 'El Templo Disco Club'.

Asimismo, extorsionaban a las víctimas y a ciudadanos extranjeros en situación irregular, exigiéndoles el pago de cupos mediante el uso de violencia y armas de fuego.

La acusación señala que las víctimas debían permanecer en Cusco y bajo la constante supervisión de los presuntos miembros de la red criminal. A partir de este control permanente, las autoridades fueron recepcionando denuncias que apuntaban a una supuesta organización dedicada a la explotación sexual.

El coronel PNP Eduardo Cruz Chavez detalló que esta red exigía pagos semanales de entre S/200 y S/250 a mujeres que ejercían el trabajo sexual en el Cercado de Cusco. El dinero era recolectado por un intermediario peruano y enviado al presunto cabecilla extranjero que se encontraría en los Estados Unidos.

“Se ha seguido la trazabilidad del dinero y este es solo el primer golpe. Habrá una segunda fase”, advirtió el oficial, al precisar que esta red tiene presencia en al menos 10 regiones del país.

Durante los últimos allanamientos se incautó armas de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación relevante y vehículos mayores y menores presuntamente utilizados para sus fines delictivos.

Este exitoso golpe contra el crimen organizado fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio Público y diversas unidades de la Policía Nacional del Perú, incluyendo el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado del Cusco, la División Regional de Inteligencia, la USE, Emergencias y SUAT Cusco.

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La diligencia contó también con la participación de 29 fiscales de la Coordinación Nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y del distrito fiscal de Cusco.

En efecto, tal como consignó la tesis fiscal, la estructura criminal estaba formada por dos ramas principales. La primera, ciudadanos venezolanos que captaba a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad haciéndoles falsas promesas de empleo.

La segunda, una vez en territorio peruano, la red distribuía a las víctimas en diferentes regiones, principalmente Cusco, donde se les forzaba a ejercer la prostitución para solventar una supuesta deuda derivada del viaje.