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Esposa de chofer Translicsa baleado en SMP por extorsionadores pide ayuda para costear operación: "Está en UCI"

La familia ha asumido costos médicos que superan los S/ 15.000. Debido a la gravedad de sus lesiones, el conductor requiere intervenciones quirúrgicas cada dos días.

Familiares gastan más de S/1.200 en cada cirugía.
Familiares gastan más de S/1.200 en cada cirugía. | Foto: composición LR

Alfredo Toribio Espinoza, conductor de la empresa Translicsa, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico tras resultar herido de bala el pasado 9 de marzo, cuando el bus que manejaba fue atacado por extorsionadores en el cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal, en San Martín de Porres. Según informó su esposa, debido a la gravedad de sus lesiones será sometido a su octava intervención quirúrgica y los gastos médicos ya superan los S/15.000.

Aunque el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre parte del tratamiento, la familia debe asumir cerca de S/1.200 en la compra de medicamentos y otros insumos. Para afrontar estos costos, amistades y vecinos han realizado chuletadas, polladas y chicharronadas; además, han recibido apoyo de la empresa de transporte. Sin embargo, aún requieren apoyo económico, ya que el paciente ingresa a cirugía cada dos días.

“Mi esposo ha pasado por siete cirugías por los balazos que le ha dañado el estómago, páncreas, hígado pulmón. Incluso ya no tiene un riñon. Es por ese motivo que él pasa por múltiples cirugías. Él todavía está en UCI”, explicó Fiorella al programa ‘La calle no calla’.

Uno de los insumos más costosos que deben adquirir es la sonda nasogástrica, cuyo precio bordea los S/ 700. Esta situación incrementa la carga económica para la familia. Para quienes deseen colaborar con los gastos médicos, sus parientes han habilitado el número 910437587, correspondiente a la pareja de la víctima, quien brinda mayor información sobre cómo apoyar a Alfredo Toribio Espinoza.

Transportistas, el principal blanco de la extorsión en Lima y Callao

El análisis del Ministerio Público evidencia que los conductores del transporte público son el grupo más afectado por la violencia asociada al cobro ilegal de cupos. El 67,5% de las víctimas corresponde a choferes, seguidos por usuarios con 22,5% y personal de cobro con 4,1%, lo que refleja el nivel de exposición del sector laboral frente a estas organizaciones criminales.

El informe también detalla que la mayoría de los ataques ocurre en unidades en servicio, donde 163 transportistas fueron agredidos, mientras otros casos se registraron en la vía pública o en espacios vinculados al rubro. Buses, combis y mototaxis figuran como los principales escenarios de estos hechos.

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