Sutep exige que José Jerí apruebe ley de aumento de pensiones para maestros cesantes y jubilados: "Está en sus manos"

Tras la vacancia de Dina Boluarte, José Enrique Jerí Oré asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional. Ante este cambio de gobierno, diversos gremios han expresado sus demandas pendientes. En esta ocasión, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha solicitado que el nuevo gobierno transitorio promulgue la ley que dispone el incremento de pensiones de 800 a 3300 soles para los docentes cesantes y jubilados, la cual ya fue aprobada en segunda votación por el Congreso de la República.

"Hoy (10 de octubre) y mañana tenemos una asamblea para coordinar nuevas medidas de lucha, teniendo en cuenta que [el Ejecutivo de Boluarte] no ha atendido la demanda de los cesantes y jubilados. Sin embargo, Jerí, cuando era presidente del Congreso, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, aprobó. Está en sus manos tomar la decisión política", enfatizó Alfredo Velásquez, dirigente nacional y secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del Sutep.

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Norma retornaría al Congreso de la República

No obstante, como se recuerda, la expresidenta observó la norma. Por lo que, luego de los 15 días de plazo para firmarla, esta ha sido devuelta al Pleno. De acuerdo con Idex Vexler, exministro de Educación, la ley podría ser aprobar por insistencia, aunque correría el riesgo de que el Ejecutivo la declare inconstitucional.

Según Vexler, el principal argumento del Ministerio de Economía para rechazar la iniciativa ha sido la falta de presupuesto y la posible inestabilidad fiscal. Por tanto, convendría que la Comisión de Economía del Congreso proponga un nuevo dictamen que proponga aumentos progresivos, lo que sería más viable para la caja del Estado, explica".

"En mi opinión, así como se ha hecho —y con acierto— con los incrementos progresivos otorgados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, un aumento similar, de 500 soles, también podría resultar viable para los más de 130,000 maestros cesantes y jubilados. El presidente Jerí no debería oponerse a la implementación de este incremento gradual", enfatiza.

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Docentes jubilados reciben menos de 800 soles mensuales

En conversaciones previas con La República, Félix Soto Huaringa, dirigente nacional de los docentes cesantes y jubilados del Sutep, expresó su postura acerca de la necesidad de que el proyecto de ley de aumento de pensiones sea aprobado por el Legislativo.

"No es posible que estemos con una pensión miserable de 600 soles u 800 soles (...) Invoco y les pido a los congresistas que voten por una pensión digna. Ellos para ser congresistas han pasado por una etapa de su vida que han sido educados por los maestros y nosotros los maestros"

En septiembre, el Congreso aprobó el dictamen que establecía que alrededor de 162.000 profesores jubilados y cesantes de la educación básica, regular, alternativa, especial y técnico - productiva pueden acceder a pensiones de 3.300 soles, que equivale a la primera escala remunerativa de los docentes. Aplicable para los que estén comprendidos en los decretos leyes 19990, 20530, la Ley de Reforma Magisterial y Sistema Privado de Pensiones. Sin embargo, esta norma fue observado por el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

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Sutep exige que José Jerí se reúna con el gremio de educación

Por otro lado, el dirigente Alfredo Velásquez también sentencia que el sector educación enfrenta otras grandes problemáticas que deben ser atendidas por el gobierno de turno. Una de ellas es el presupuesto destinado al pago de bonos de profesores que laboran en áreas rurales y zonas fronterizas.

"El proyecto del Presupuesto General de la República en el Congreso no contempla mejoras para el sector educación. No se prevén incrementos salariales para docentes ni auxiliares, y los acuerdos de la negociación colectiva fueron excluidos. Solo se ha considerado un bono único de 67 soles, monto que ha generado indignación y rechazo", explica.

En ese sentido, Sutep también ha desaprobado el accionar del Congreso, que ha legislado a favor del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. "No solo el Ejecutivo tenía 2% de aprobación, sino también el Legislativo. La inseguridad es, definitivamente, una preocupación para la clase trabajadora y para el pueblo", finaliza Velásquez.

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