Congreso: presentan proyecto de ley que regula uso de la fuerza de la PNP

El parlamentario de Somos Perú, Alfredo Azurín, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo regular el uso de fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). La propuesta del congresista por Lima se da en un contexto de los dos meses de protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, periodo en el que ya se han registrado más de 60 fallecidos. Muchos de estos fueron a causa de la represión policial en Lima, Ayacucho, Apurímac, Puno y La Libertad.

La iniciativa de Azurín coincide con el reglamento policial que establece que “la fuerza debe usarse de manera progresiva, diferenciada”, pero con la variación de añadir el "criterio de razonabilidad subjetiva” para cuando el efectivo haya identificado al agresor y dé "una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta”.

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El proyecto de ley también aclara que esta norma se deberá aplicar cuando se detenga en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley, al cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes, para prevenir la comisión de delitos y faltas, proteger o defender bienes jurídicos tutelados, controlar a quien oponga resistencia a la autoridad y cuando una o más personas emplean amenaza o violencia física o psicológica contra el personal de la Policía.

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Cabe mencionar que recurrir al uso excepcional de la fuerza letal también respondería al “criterio de razonabilidad subjetiva”, puesto que constituye un canon de comportamiento de la PNP ante las situaciones de amenaza o riesgo antes descritas, en las que solo bastará la sincera percepción o creencia de que la amenaza o riesgo se concretará para así poder utilizar la fuerza o su arma de fuego. Es decir, cada agente de la PNP es libre de decidir cómo actuar.

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Asimismo, las circunstancias que establecen cuándo se puede usar arma de fuego son: cuando el policía sienta en riesgo su vida, cuando haya peligro real e inminente de muerte o lesiones graves a causa de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida, cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona y por la acción violenta de una persona o de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.