Miles de mujeres y niños en riesgo por la cuarentena en el norte

.Carlos Vásquez .Diego Paz .Grover Lozada

Verónica M. S. y su hijo de cuatro años cumplían la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno peruano como medida de protección frente al coronavirus, resguardándose de ese enemigo invisible. Pero el verdadero peligro se encontraba en su propia casa: el pasado 15 de junio, ella fue golpeada y agredida verbalmente por su pareja de nombre Saúl Soriano, a quien ya había denunciado previamente por violencia familiar.

Como ella, un mes antes, el 15 de mayo Iris García Ramírez (35), una madre de dos niños fue asesinada a puñaladas y su cuerpo arrojado en un descampado, en el distrito de Chalaco de la provincia de Morropón, en Piura. Sus parientes aseguran que ella era acosada por un hombre de apellido Peña, quien está no habido.

Números sin censura

Las cifras de denuncias que se han realizado vía telefónica retratan en alguna medida las amenazas contra la vida de las mujeres. Y también contra otro grupo vulnerable: los niños. En muchas regiones del norte, los casos de denuncias por violencia son preocupantes, aunque los especialistas advierten que podrían ser más.

Según registros de las plataformas de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), son 9.820 las denuncias en el norte por agresiones, las cuales fueron notificadas mediante la línea 100. De esta cifra, el 77% (7581) corresponden a casos de mujeres, y de esta cifra el 38% (2888) son denuncias de violencia hacia menores de edad.

La región que encabeza los territorios con más casos durante la cuarentena es La Libertad, lugar que registró 2 770 denuncias, de las cuales 2171 fueron llamadas realizadas por mujeres (729 menores de edad). Además, los porcentajes en los tipos de violencia son: psicológica (27%), física (25.4%), otras consultas (42.1%), sexual (5.3), y económica (0.3%).

En segundo lugar, se encuentra Piura con 2267 casos, de los cuales 1755 víctimas fueron mujeres (685 menores); Lambayeque con 1731, 1316 mujeres (493 menores); Cajamarca, 1490: 1191 mujeres (439 menores); Áncash, 1247, 939 mujeres (377 menores); y Tumbes con 289 casos: 209 denuncias por mujeres (111 menores).

Además, durante el confinamiento, cada una de estas regiones registró un feminicidio, con excepción de Tumbes que presentó dos asesinatos a mujeres.

Hay insuficiencia

“La violencia no ha dejado de estar presente durante la etapa de la cuarentena, a diario hemos tenido diferentes casos que se han presentado (…) La línea 100 ha sido el principal canal donde se han reportado los casos de violencia”, indica la coordinadora regional de los CEM en La Libertad, Luisa Centurión Centurión.

Centurión revela que se atendieron todas las denuncias debido a que eran casos severos. Además, recalca que este número sería mayor, ya que muchas víctimas denunciaron en las comisarías y fueron referidas para la ayuda necesaria.

Similar postura tiene su homólogo de la región de Áncash, Juan Pacheco Barreto, quien refiere que se atendieron 550 casos severos, de violencia sexual y tentativas de feminicidio.

Pacheco enfatiza que no se atendieron casos de riesgo leve y moderado debido a que no se ha podido movilizar de manera constante al personal debido al peligro de contagio por la Covid-19.

Asimismo, indica que existe una diferencia entre las llamadas telefónicas con los verdaderos casos de violencia, debido a que se registra un alto índice de comunicaciones falsas.

Pese a ello, las cifras de casos de violencia podrían ser mayores, debido al déficit de los CEM disponibles. Ya que, de los 28 establecimientos en Áncash, ninguno estuvo operativo, pero sí estuvieron activos 10 grupos itinerantes.

Una opinión igual tiene la coordinadora regional de la red Empoderate de Mujer de Lambayeque, Angélica Musayón, quien precisa que el Gobierno central y las autoridades locales deben buscar nuevos mecanismos para atender los casos de violencia, debido a que muchos no suelen denunciar telefónicamente por el riesgo de convivir con el agresor.

“La línea 100 es importante, pero hay que implementar un apoyo más inmediato. Por ejemplo, los municipios deben implementar la atención vía whatsapp, y recibir las denuncias y coordinar con los CEM una intervención rápida. Se deben replantear los modelos de atención, pues no podemos esperar un caso para actuar”, aclara.

Musayón indica también que se ha reflejado que la violencia no es un fenómeno exclusivo de las mujeres, pues se han registrado varias denuncias de menores de edad, pese a que los soportes de atención fueron básicos.

“Hay evidencias de que los niños también fueron afectados. Pero un grave problema del confinamiento ha sido que no han llevado a las víctimas a albergues temporales. Muchos han sufrido violencia y han seguido conviviendo con el agresor. Las autoridades se han olvidado de este fenómeno”, afirma.

Los tres especialistas resaltaron el trabajo en conjunto de la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía para la atención de estos casos, y exhortaron a la población a no ser indiferentes y reportar los hechos de violencia.

Equipos itinerantes

El Ministerio de la Mujer dispuso que las actividades presenciales de los CEM se sigan a través de los ocho Servicios de Atención Urgente (SAU) y los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) conformados por profesionales de los CEM, quienes realizaron esfuerzos para llegar a los hogares de las víctimas en transporte terrestre o caminando varias horas.

En base a esto, es la región Piura la que registró mayores intervenciones por parte de los equipos especiales con 525 atenciones; mientras Tumbes y Cajamarca los departamentos con menos atenciones 183 y 213, respectivamente. (Ver infografía)

Estos casos fueron derivados de la Línea 100, otro servicio que dispuso que trabaje las 24 horas del día.

Al respecto, la Unidad Territorial Lambayeque del Programa Nacional Aurora del Mimp resaltó la importancia de estas intervenciones, pues se detectó a otro grupo poblacional que antes no era considerado tan vulnerable como son los menores de edad en su propia vivienda