Sacan al juez que se negó a archivar proceso a Renovación Popular, se desconocen los motivos

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha decidido finalizar la designación del juez Ubaldo Callo Deza como titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el cual se encarga de los acuerdos de colaboración con Odebrecht y Obrainsa, así como de los casos relacionados con Martín Vizcarra, Renovación Popular, José Luna Gálvez y Jorge Simoes Barata.

Este cambio se produce apenas dos días después que el juez Ubaldo Callo rechazó archivar el proceso que se sigue a Renovación Popular, el conservador partido político del alcalde Lima Rafael López Aliaga, en la investigación por lavado de activos al congresista José Luna Gálvez, por aportes de campaña recibidos de Odebrecht y OAS.

PUEDES VER: Keiko Fujimori viajó a Estados Unidos y gastó S/28.000: ONPE revela que usó dinero de capacitaciones

Los motivos que originaron este cambio no se han hecho públicos. Las fuentes judiciales hablan de una posible suspensión en sus labores por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La decisión del CEPJ resuelve su retorno a la Corte Superior de Lima Norte, de acuerdo con fuentes de La República.

El Consejo Ejecutivo dispuso que antes de hacer entrega de cargo, el juez Callo deberá intervenir y concluir los procesos a su cargo para evitar frustrar la conclusión de los requerimientos y solicitudes que se encuentra en trámite avanzado, así como concluir las audiencias programadas, sea de manera presencial o virtual.

A fines de noviembre, la suspensión de otro juez al ser ejecutada por el Consejo Ejecutivo provocó el quiebre del juicio por la masacre de la isla penal El Frontón, que sucedió hace 30 años, y que se encontraba en siete años de audiencias continuadas de juicio público.

El expediente de colaboración de Odebrecht

Lo que también generó extrañeza y preocupación en medios judiciales es que se decidiera poner al frente del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a Abel Centeno Estrada, nombrado recién en septiembre de 2024, es decir un poco más de tres meses, juez penal titular nacional por la Junta Nacional de Justicia.

PUEDES VER: Keiko Fujimori: abogados piden al Poder Judicial la nulidad total de juicio del caso cócteles

Antes de ser nombrado juez, Centeno Estrada era fiscal provincial penal de Puno y no tiene experiencia judicial en el trámite de casos complejos, de interés mediático y de crimen organizado. Además, una cosa es pedir como fiscal y otra resolver como juez.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria tiene a su cargo el expediente de colaboración eficaz corporativa que firmó el Equipo Especial Lava Jato con la empresa brasileña Constructora Nolberto Odebrecht SA.

Un proceso especial de colaboración que viene siendo objeto de cuestionamientos desde que el Tribunal Constitucional dispuso dar publicidad al acuerdo de colaboración que firmó la empresa brasileña con el fiscal José Domingo Pérez y el ex procurador Jorge Ramírez, en Sao Paulo, Brasil, el 15 de febrero de 2019.

El partido de Rafael López Aliaga

En un audiencia pública, el 6 de enero de 2025, el juez Ubaldo Callo rechazó un pedido de los abogados de Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, para ser excluidos de la investigación que realiza la fiscalía al congresista José Luna Gálvez y otros por supuestamente haber utilizado la estructura partidaria para lavar aportes de procedencia ilícita entregados por la constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Ubaldo Callo se negó a archivar el proceso al considerar que esto podría dejar en indefensión al mencionado partido político que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ante posteriores reclamos de la procuraduría del Estado sobre responsabilidad civil, negándose a aplicar una ley del congreso a favor de los partidos políticos.

PUEDES VER: Constitución de 1993: 31 años después, el 57.65 % del texto que promulgó Alberto Fujimori ha cambiado

Anteriormente, este mismo juez levantó las restricciones de movimiento que se habían impuesto al ex presidente Martín Vizcarra concediéndole comparecencia simple, lo que le permite viajar por el país, en el proceso que se le sigue por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua. Aunque, sí le impuso seis meses de impedimento de salida del país.

El caso Jorge Barata

En noviembre último, la Tercera Sala Penal Nacional de Apelaciones ordenó al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria reevaluar el pedido de la fiscalía para revocar los beneficios otorgados al ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata por negarse a declarar en el juicio al expresidente Ollanta Humala.

La reevaluación, argumento la Sala, debía incluir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht que forma parte de otros expediente, pero que tiene incidencia en el pedido de revocatoria, a fin de conocer las condiciones de los beneficios otorgados.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación unificó la coordinación de las fiscalías de lavado de activos, corrupción y extinción de dominio

El tribunal de apelaciones también revocó la orden de prisión preventiva dictada contra Jorge Barata y solo le impuso comparecencia simple y el pago de una caución, cuyo verificación quedó a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Ahora, todos estos temas los verá un juez que tiene poco tiempo de nombrado.