Congreso archiva denuncia contra Nelson Shack y bloquea investigación fiscal

En contraste con otras denuncias vinculadas con personas adversas al Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) envió ayer al archivo una denuncia constitucional contra el contralor Nelson Shack Yalta. Con esta decisión, el Ministerio Público queda impedido de avanzar con una investigación por el presunto delito de negociación incompatible.

El caso fue visto recién ayer, tras un año de permanecer encarpetado en el Congreso. El 29 de marzo del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó la denuncia constitucional contra Nelson Shack, por presunto delito de negociación incompatible, por la designación en la Contraloría de dos personas que, según el Ministerio Público, no cumplían con los requisitos.

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El expediente ingresó a la SAC el 30 marzo. Pasó un año y recién el 26 de abril de este año se dio cuenta del ingreso, paso previo a la calificación.

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Para el 19 de mayo ya se contaba con el informe de calificación. Ayer la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), solicitó incluirlo en el orden del día para la votación.

Aprobación sin debate

Precisamente, el informe de calificación fue presentado ayer en la sesión de la SAC con la propuesta de declarar la denuncia como improcedente.

Tras la lectura del resumen del informe, Lady Camones abrió la ronda de intervenciones, pero ningún legislador se animó a comentar u observar las conclusiones del equipo técnico de la Subcomisión. Es decir, no hubo el más mínimo debate previo a la votación.

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Fueron trece los votos a favor del archivo, provenientes de Fuerza Popular, APP, Avanza País y Renovación Popular. También apoyaron la improcedencia los grupos de izquierda Bloque Magisterial (BM), Perú Democrático y Cambio Democrático, sin explicar su voto.

Segundo Quiroz (BM) primero votó en abstención, pero luego cambió a favor. Solo dos de Perú Libre votaron en contra: Margot Palacios y Flavio Cruz.

Implicancias

Uno de los principales argumentos leídos por el equipo técnico para enviar el caso al archivo es que la denuncia no precisa “cuál habría sido la ganancia o presunto beneficio del denunciado (Shack)”, con la designación que hizo de las dos personas en Moquegua e Ica.

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Al respecto, el penalista Jorge Zúñiga expresó su desacuerdo con esa conclusión. Precisó que en casos de designaciones indebidas “preliminarmente sí cabe la posibilidad de delito de negociación incompatible” y subrayó que no es necesario demostrar un beneficio.

“(El tipo penal) exige que el funcionario tenga un interés más que un beneficio, que no es lo mismo”, explicó.

Zúñiga apuntó que el Código Penal (artículo 399) precisa que el servidor público “tiene la obligación legal de velar por los intereses públicos, pero si en lugar de eso piensa en el interés personal o de un tercero y toma decisiones, está en el supuesto de negociación incompatible”.

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El especialista manifestó que la decisión adoptada ayer en la Subcomisión del Congreso “ata de manos al Ministerio Público”, pues no podrá dar el siguiente paso de formalizar la investigación preparatoria.

Improcedente

Con la aprobación de esta improcedencia por parte de la Subcomisión ayer, la Fiscalía quedará impedida de continuar con la investigación sobre la supuesta negociación incompatible.