Caso La Cantuta: solo se habría analizado una muestra de restos de Cieneguilla
Una crónica sobre cómo fueron apareciendo las pistas para hallar la caja con muestras de huesos calcinados que fueron llevados a Inglaterra. Archivo que los guarda señala que solo un representante del Estado puede solicitarla.
Seis semanas le tomó a dos abogados de derechos humanos, en Lima y Londres, hallar la caja con restos de los asesinados estudiantes de la universidad La Cantuta exhumados en Cieneguilla, que fueron enviados a Inglaterra para ser sometidos a pruebas de ADN, y llevaban casi 29 años perdidos.
La punta del hilo estaba entre las copias que Aprodeh sacó del expediente a fines de 1993, poco antes de que el fuero militar gane la contienda de competencia. La abogada de las víctimas, Gloria Cano, las encontró a mediados de marzo último en el archivo de la institución. Fue la primera pista para hallar respuestas a una pregunta que se hacía desde hace años: ¿qué pasó con lo que se llevaron?
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“La Sala Penal que veía el caso La Cantuta encargó al EPAF, en el 2006, hacer una evaluación de los restos, y se dieron cuenta de que no estaban completos. Gisela (hermana de una de las víctimas) recordó que los mejores conservados habían sido enviados a Londres para ser sometidos a exámenes, pero nadie sabía qué había pasado con ellos”, señala Cano.
Como a inicios de 1994 el caso pasó al fuero, pensaban que los resultados debían haber sido enviados allí, pero no había nada al respecto.
“En su sentencia (contra miembros del Grupo Colina), la Sala Penal indicó que oficiaron a diversas instituciones, pero nadie dio cuenta de lo que pasó con dichos restos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también mencionó el tema”, remarca. Sin embargo, durante años ni el fuero militar ni el Ministerio Público les dieron razón de lo que había sucedido con la caja enviada a Inglaterra.
Comenta que solo se sabía que la caja había sido enviada al London Hospital, hasta que a inicios de este año el fiscal Luis Valdivia, que ha liderado las nuevas exhumaciones en Cieneguilla, dio una pista más.
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“Me dijo que en el libro del doctor Víctor Cubas (fiscal que llevó el caso en 1993) revela que al llegar a Inglaterra se cambió de laboratorio”, refiere.
Por ello, Cano comenzó a revisar los archivos antiguos que tenían del caso. “Encontré un informe del doctor Cubas; otro de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán; y un documento donde consta en qué laboratorio se recibieron los restos óseos”, revela.
Entonces se contactó con abogados de Redress, una organización de derechos humanos que lucha contra la tortura, con sede en Londres, para que ayuden a averiguar lo que pasó.
Búsqueda sencilla
Al recibir los documentos, el asesor jurídico de Redress, Chris Esdaile, comenzó a indagar. Empezó por lo más sencillo y googleó el nombre del laboratorio que recibió los restos: el Servicio de Ciencias Forenses (Forensic Scienc Service), de Birmingham.
“Encontré que esta institución había cerrado en el 2012, pero que todas sus carpetas y materiales habían pasado al Forensic Archive Ltd. El 26 de abril me puse en contacto con ellos, y más o menos seis semanas después me dijeron que habían ubicado documentación y una caja con material asociado al caso”, detalla.
Esta institución británica, que también está en Birmingham, provee un servicio al sistema judicial para que tengan acceso a carpetas y archivos forenses de casos históricos.
Le explicaron que el Estado tiene que solicitar la información y devolución de los restos porque ellos se los entregaron para hacer los exámenes.
Además, Esdaile halló en Linkedin al funcionario británico que recibió los restos: Colin Kimpton. “Me puse en contacto con él y confirmó que recibió el material, pero afirmó que no tuvo nada que ver con su análisis. Supongo que lo recordó porque tuvo que ir hasta la Embajada de Perú en Londres, lo que no debe ser común”, acota.
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El abogado británico advierte que era responsabilidad del Estado hacer seguimiento a los resultados y devolver los restos a sus familiares. “Los pasos que hicimos debía haberlo hecho el Estado. No fueron cosas complicadas, ni que necesitase conocimiento especializado”, enfatiza.
Con la información conseguida por Esdaile, se ha facilitado el camino para que la Fiscalía a través de la Cancillería peruana solicite de forma oficial acceso a los resultados.
Por qué Inglaterra
El exfiscal Víctor Cubas Villanueva tuvo a su cargo las exhumaciones realizadas en 1993 sobre el caso La Cantuta, primero en Cieneguilla, cuatro meses después en Huachipa.
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Relata que en su equipo había varios médicos, quienes con base en publicaciones científicas recomendaron que sean enviadas al exterior para que se realicen pruebas de ADN.
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“Ellos recomendaron al doctor Aníbal Escalante, quien era jefe de genética médica del Hospital Rebagliatti. Lo convocaron porque era el único especialista en ese campo, en entidades del Estado”, precisa ante los cuestionamientos que tuvo su designación por ser esposo de la entonces presidenta del Inabif, Ana Kanashiro, cercana al círculo del expresidente Alberto Fujimori, condenado años después como autor mediato de los crímenes de La Cantuta.
En esa época no había muchos lugares donde realizar pruebas de ADN, y que las mejores opciones eran Japón, Estados Unidos e Inglaterra.
“Fui a la casa del embajador de Japón, y a través de un intérprete señalaron que estaban en capacidad de hacer los exámenes. Pero días después un funcionario me dijo que lo harían por la relación directa de Fujimori con ese país”, rememora.
Cubas le planteó a la fiscal de la Nación que lo hicieran en Estados Unidos, pues el FBI se ofreció a hacerlas de forma gratuita. “La doctora Colán no quiso. Sin mayor explicación me dijo: ‘Mientras yo esté acá, no habrá intervención de los Estados Unidos en este caso’”, revela.
Años después, Colán fue condenada por encubrimiento, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito por no investigar al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Finalmente, se optó por Inglaterra. Tomaron muestras de sangre de los familiares de las víctimas y en su presencia seleccionaron los huesos en mejor estado, que pudieran servir en la identificación. Escalante se llevó todo a la embajada peruana con sede en Londres, donde fue entregado a un funcionario de Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham.
“Como el dinero que se llevó no alcanzaba, dejó 12 mil dólares en la embajada, y con el informe que hizo se gestionó y logró que se realice el análisis de un solo resto, que costó 35.700 soles”, afirma Cubas.
Un solo resultado
En el libro que el exfiscal publicó sobre sus investigaciones de La Cantuta dio cuenta de la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1335-93-MP-FN del 9 de noviembre de 1993 que ordenaba el análisis.
El documento autorizó al laboratorio británico, a través del embajador en Perú, Keith Haskell, a realizar “una prueba en una muestra de huesos hallados en las fosas de Cieneguilla con el mayor grado posible de precisión, incluyendo el ordenamiento secuencial del ADN extraído de las muestras de sangre de los parientes vivos”.
Agrega que para ello se debe disponer del dinero que dejó Escalante en la embajada peruana en Londres, como parte de pago. No hay más registro oficial que confirme si se completó el dinero, pero el doctor Cubas tuvo información de que ello había ocurrido y que incluso los resultados llegaron en agosto de 1994, cuando el caso ya estaba en el fuero militar.
“Extraoficialmente me enteré que uno de los huesos era compatible con la secuencia de ADN del estudiante Felipe Flores Chipana, uno de los cinco jóvenes aún desaparecidos”.
Cubas reveló a La República que así se lo afirmó Gonzalo Chávarry, que entonces era secretario general de la fiscal de la Nación, y que ahora es investigado por sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos’.
La actual fiscal de la Nación, Liz Benavides, tiene la facultad de solicitar al laboratorio británico los resultados y la caja que guardan celosamente, y así poner fin a la angustia de los familiares de La Cantuta que siguen buscando a sus seres queridos.
Familiares exhortan al Estado pedir ya informe de Inglaterra
Familiares de los nueve estudiantes y el profesor de La Cantuta ejecutados por el Grupo Colina el 18 de julio de 1992 fueron convocados por Criminalística en octubre de 1993 a fin de tomarles muestras de sangre para acompañar los restos de Cieneguilla que enviarían a Inglaterra.
Gisela Ortiz y Raida Cóndor, hermana y madre de dos estudiantes, recordaron que en esa diligencia vieron una mesa donde estaban los huesos que podrían ser usados para la prueba de ADN.
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Ambas demandan al Estado que pidan de inmediato el informe y la caja que está en custodia en Inglaterra. Además, solicitan que se realice el análisis en un laboratorio internacional.
Cronología
Julio 1993. Exhuman huesos calcinados de estudiantes de La Cantuta en Cieneguilla tras la revelación de la revista Sí.
Octubre 1993. Se envía a Londres una caja con parte de los restos y muestras de sangre de los familiares para hacer pruebas de ADN.
Noviembre 1993. Exhuman un cuerpo completo y otros restos en Huachipa.
