Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) anuló un contrato por S/53.2 millones que otorgó a un consorcio, luego de comprobar que este presentó documentos irregulares. Pero la empresa consiguió que el juez Juan Varillas Solano le concediera una medida cautelar para que no pierda la adjudicación.
La Procuradora Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Karina Palomino Giurcovich interpuso una queja contra el juez comercial Juan Varillas Solano por haber concedido sin fundamento una cautelar a favor del Consorcio Moyobamba, en perjuicio de los intereses del Estado.
El 14 de noviembre de 2025, SENCICO, una entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Construcción, suscribió contrato con el Consorcio Moyobamba para la habilitación de un local de la institución en la región San Martín, luego de obtener la buena pro en una licitación por un monto de S/53.2 millones.
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El Consorcio Moyobamba está integrado por la firma peruana Inversiones Jevalu, con oficinas en el distrito de Carabayllo, la compañía mexicana Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico, con sede en Veracruz, y el empresario peruano Emilio Velásquez Vásquez, con domicilio en la ciudad de Huánuco. En representación del consorcio, suscribió el contrato Alexander Luis García, residente en Tarapoto.
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Pero el 19 de marzo del 2025, la Gerencia General de SENCICO resolvió anular el contrato con el Consorcio Moyobamba, luego de verificar que ganó la licitación con la presentación de documentos que no contenían la información requerida para la ejecución de la obra.
El proyecto de SENCICO está valorizado en S/53.2 millones. Foto: Difusión
La drástica decisión fue adoptada sobre la base de un informe del jefe del Departamento de Abastecimiento de SENCICO, quien, al revisar los documentos del Consorcio Moyobamba, detectó anomalías, por lo que solicitó al representante los descargos. Sin embargo, la absolución de los cuestionamientos no fue satisfactoria, lo que motivó la nulidad del contrato.
“Se ha verificado que el contrato adolece de un vicio de nulidad, al haberse presentado documentación con información inexacta, en la etapa de presentación y evaluación de ofertas, así como para el perfeccionamiento del contrato”, señaló el jefe del Departamento de Abastecimiento.
“No logrando el postor adjudicado (el Consorcio Moyobamba) desacreditar los hechos atribuidos, la Autoridad de Gestión Administrativa (de SENCICO) declaró la nulidad del contrato”, se indica en la resolución.
“El Departamento de Abastecimiento concluyó que ha verificado que el contratista (el Consorcio Moyobamba) no ha logrado desvirtuar los hechos imputados, máxime si este contó con la oportunidad de presentar la documentación pertinente para desacreditarlo”, se precisa.
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Pese a la gravedad de las imputaciones de SENCICO para justificar la nulidad del contrato, decisión tomada con el sustento de la Ley de Contrataciones del Estado, la representación del Consorcio Moyobamba recurrió al Séptimo Juzgado Comercial de Lima, que despacha el magistrado Juan Varillas Solano.
Rápidamente, el 18 de mayo del 2025, el juez Juan Varillas concedió al Consorcio Moyobamba una medida cautelar con la expresa finalidad de suspender de inmediato los efectos de la nulidad del contrato.
El juez Varillas también ordenó a SENCICO abstenerse de emitir o ejecutar actos que impidan el cumplimiento de la resolución de nulidad del contrato, medida que tomó la entidad pública al detectar que la adjudicación a favor del Consorcio Moyobamba presentaba serias deficiencias que el contratista no pudo resolver.
En otras palabras, el juez Juan Varillas Solano obligó a SENCICO a que mantuviera la contratación del Consorcio Moyobamba, pese a que no cumplía con los requisitos para ejecutar la obra de S/53.2 millones.
Por esta razón, la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó una queja contra el juez Juan Varillas Solano ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ).
La Procuraduría señaló que Varillas emitió una medida cautelar mediante un deficiente trámite, afectando gravemente los intereses del Estado.
Como ha informado La República, el juez Juan Varillas Solano ha sufrido tres suspensiones de funciones de seis meses cada una por actuaciones similares a las que ha denunciado la Procuraduría Pública de SENCICO. La diferencia radica en que en este caso los afectados no son particulares sino un organismo del Estado al favorecer a un privado.
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