
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de sus redes sociales tras el pronunciamiento del organismo electoral que descartó la asunción de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima debido a la prohibición de reelección inmediata.
La publicación del ministro se suma a las críticas de la bancada de Renovación Popular luego de que se hiciera pública la disposición que impide a los exalcaldes postulados como primeros regidores asumir la conducción del municipio ante vacancia, renuncia o tacha.
Esta medida dejó sin efecto la posibilidad de que López Aliaga retorne al sillón municipal y otorgó las credenciales de alcaldesa a Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular.
En su pronunciamiento, el titular del sector Justicia tildó de “parcializado, indeficiente e impredecible” al sistema electoral. En esa línea, agregó que “debe ser íntegramente reformado”.
La postura del Ejecutivo se suma a la denuncia constitucional que presentó la bancada de Renovación Popular contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.
El recurso parlamentario acusa al magistrado por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de infracciones a la Constitución. Con esta medida, el grupo político pide a la Cámara de Diputados la destitución del titular del tribunal electoral y su inhabilitación de la función pública por 10 años.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó por mayoría que postular o resultar electo como primer regidor no habilita a una autoridad para asumir la alcaldía si incurre en la prohibición del artículo 194 de la Constitución.
El tribunal aclaró que quien ejerció como alcalde en el periodo anterior no podrá ser proclamado burgomaestre en la misma jurisdicción para la gestión siguiente, ni tampoco asumir el sillón municipal por renuncia, tacha, exclusión o reemplazo del titular.
Ante estos supuestos, el JNE determinó que la alcaldía recae en el primer regidor hábil que siga en el orden de la lista, libre de impedimentos legales o constitucionales.
La medida especifica que esta restricción no retira la credencial de regidor a la autoridad impedida. Durante la presentación del acuerdo en conferencia de prensa, la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo, confirmó que esta regla guía la revisión de oficio de las actas de proclamación en todo el país.
Adicionalmente, el tribunal examinó 427 actas de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y ordenó la emisión de nuevas credenciales en nueve jurisdicciones con irregularidades, ubicadas en Recuay, Huancayo, Trujillo, Moyobamba y Bagua.

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