
Keiko Fujimori pidió a los internos del penal El Milagro que se portaran bien durante una visita realizada el viernes 9 de octubre. A su salida del establecimiento penitenciario, la presidenta explicó que también les ofreció la posibilidad de entregar información a la Policía Nacional del Perú (PNP) para facilitar la captura de integrantes de organizaciones criminales.
"Les he dicho: ‘Pórtense bien. La Policía los va a recibir’", manifestó Fujimori ante los medios de comunicación. Antes de referirse a esa conversación con los reclusos, anunció que el Gobierno mantendría un programa de recompensas para quienes proporcionen datos relevantes sobre las bandas delictivas. "Es una declaración de guerra y la vamos a ganar", afirmó al defender su estrategia contra la criminalidad.
La visita ocurrió en Trujillo, una de las zonas de La Libertad golpeadas por la violencia. La mandataria estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.
Durante el recorrido también habló de la necesidad de ampliar la capacidad de los establecimientos penitenciarios y anunció la construcción de nuevos pabellones para reducir el hacinamiento.
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Sin embargo, las medidas anunciadas por el Ejecutivo se enfrentan a cifras que mantienen la atención sobre la seguridad en la región. Según datos del SINADEF difundidos por el analista Juan Carbajal, La Libertad acumuló 152 homicidios hasta el 31 de agosto de 2026. Ese mes registró 24 casos, de los cuales 21 fueron causados por proyectiles de armas de fuego, de acuerdo con sus reportes.
La comparación pone el foco en una provincia costera que, pese al estado de emergencia señalado por el analista, presenta cifras de muertes violentas similares a las del enclave minero.
En su publicación en X, Juan Carbajal comparó los registros de homicidios de Chepén y Pataz a partir de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Según el analista, hasta el 10 de octubre Chepén sumaba 23 homicidios y Pataz, 22. De esta manera, la provincia costera superaba por un caso a la jurisdicción asociada a la minería ilegal.
Carbajal también advirtió sobre el uso de armas de fuego. De los 23 homicidios registrados en Chepén durante 2026, 22 fueron atribuidos a proyectiles de armas de fuego, según su revisión de los datos. Esto representa cerca del 96% de los casos contabilizados este año. En la comparación histórica que presentó, el uso de armas de fuego representó el 86,4% de los homicidios en Chepén y el 61,6% en Pataz.
El analista añadió que ambas provincias registraban tasas cercanas a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con sus cálculos. La cifra permite comparar la incidencia de la violencia en territorios con poblaciones distintas, aunque los registros acumulados durante el año todavía son preliminares y pueden actualizarse.
Uno de los puntos señalados por Carbajal fue que Chepén permaneció bajo estado de emergencia durante gran parte de 2026, al igual que Pataz. Pese a esa medida, los datos citados muestran que la provincia costera acumuló más homicidios que el enclave minero en el periodo analizado.
La comparación plantea interrogantes sobre los resultados de las medidas de seguridad, aunque por sí sola no permite determinar las causas de cada homicidio ni evaluar de manera definitiva el efecto del estado de emergencia.






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