Corrupción: la aliada de la minería ilegal

En Pataz, la provincia de la región de La Libertad que ha cobrado una enorme relevancia debido a que alberga uno de los yacimientos de oro más importantes del país, la corrupción policial y militar vinculada a la minería ilegal es uno de los desafíos de seguridad y orden público más críticos.

A pesar de los constantes operativos para desmantelar infraestructuras ilícitas, la enorme rentabilidad del oro y otros minerales ha facilitado la infiltración de mafias y grupos armados en las fuerzas del orden.

Solo entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial emitió, al menos, 37 fallos por minería ilegal que involucraron a 96 efectivos policiales de La Libertad, Piura, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, entre otros. Durante los últimos dos años, los casos han ido en aumento.

En abril de este año, cuatro suboficiales de la Policía Nacional adscritos a inteligencia fueron detenidos, acusados de secuestro y extorsión a una empresaria, en el anexo de Chagual, en el distrito de Pataz.

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Los suboficiales de la Dirección de Investigación Criminal y de la Dirección de Inteligencia de la PNP, identificados como Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruíz Mendoza y Ciro Vega Reyes, deshonraron a su institución, dijo el inspector general PNP, Augusto Ríos Tiravanti. El Poder Judicial de La Libertad les dictó 18 meses de prisión preventiva.

 Para colmo, el 18 de junio, también en Pataz, fue detenido el capitán del Ejército, Gary Chiroque Barreno, tras ser acusado de extorsionar al empresario gastronómico Eduardo Varas Briceño. Sin embargo, el capitán Chiroque afrontó la investigación preliminar sin que se dictara prisión preventiva en su contra.

El capitán Gary Chiroque Barreno trabajaba como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ). El caso fue asignado a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios con sede en Trujillo.

 "Se debe investigar alianzas con el crimen organizado. Las redes de corrupción sirven de puente entre miembros de la fuerza pública y grandes estructuras criminales, que controlan los yacimientos e instrumentalizan a mineros para bloquear las acciones legítimas del Estado", señala el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Dado que la minería ilegal genera dividendos que compiten directamente con el narcotráfico, los fondos destinados a sobornar a policías, militares y funcionarios ambientales son masivos, debilitando los controles éticos institucionales, agrega el oficial retirado.

 Iván Arenas, especialista en temas mineros, advierte el riesgo de corrupción policial vinculada a la minería ilegal en Pataz. Explica que las denuncias contra algunos efectivos deben judicializarse.

Limpieza a fondo

El exjefe policial, Pérez Rocha, advirtió que, sin una depuración institucional, la minería ilegal continuará infiltrando sus redes de corrupción en la policía. "Estas denuncias evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de las fuerzas del orden", manifiesta.

 Con mucha preocupación dice que las denuncias contra policías que han ocupado cargos estratégicos, como la jefatura de Inteligencia, y que presuntamente mantuvieron vínculos con actividades de minería ilegal, deben ser escrutadas para determinar responsabilidades y evitar que la corrupción continúe debilitando las acciones del Estado contra la minería ilegal.

El experimentado oficial de la policía en retiro anota que, pese al trabajo del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), la actividad ilegal continúa desarrollándose en la zona, al igual que las denuncias por presuntos actos de corrupción.

Considera indispensable depurar a los integrantes de la Policía Nacional y de otras instituciones que pudieran estar comprometidos con organizaciones dedicadas a la minería ilegal, pues de no adoptarse medidas oportunas, podrían consolidarse estructuras de corrupción similares a las que operaron en el país durante las décadas pasadas, afectando la lucha contra las economías ilegales.

Entre julio y agosto fueron detenidos en Madre de Dios dos fiscales por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Américo Bautista Yama fue arrestado mientras ejercía como fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Y el exfiscal ambiental, Carlos Chirre Ramírez, fue capturado bajo la acusación de formar parte de una presunta red criminal.

Las ondas expansivas

La vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay Tapia, sostiene que la minería ilegal ha evolucionado y hoy opera mediante organizaciones criminales transfronterizas, con alcance internacional.

Garay alerta que estas redes ya no solo se dedican a la extracción ilícita de minerales, sino que cuentan con financiamiento, logística, control territorial y estarían vinculadas a delitos como el lavado de activos y el tráfico de insumos, como el mercurio, utilizados en esta actividad.

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 "La lucha contra la minería ilegal exige un trabajo conjunto de todas las instituciones nacionales y regionales, incluyendo a los gobiernos regionales, cuyos organismos (como las direcciones regionales de energía y minas) se encargan de la fiscalización y control de la pequeña minería y minería artesanal", indicó.

Karina Garay enfatizó que, ante la falta de una presencia estatal permanente en las zonas de mayor riesgo, los mineros regresan pocas semanas después de los operativos.

Golpe a los mineros ilegales

 En respuesta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, informó que las operaciones desarrolladas contra las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz generaron una afectación económica de S/248 millones durante el último año.

En su exposición ante la Cámara de Diputados, el ministro Belaunde remarcó que el estado de emergencia en Pataz no está dirigido contra la minería artesanal ni informal, sino contra las estructuras delictivas que operan en dicha zona minera.

"El estado de emergencia no tiene como objetivo combatir la minería artesanal ni informal, sino enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona", sostuvo.

También destacó los resultados obtenidos por las Fuerzas Armadas mediante las operaciones del Comando Unificado Pataz y, según detalló, durante el último año se incautaron 34 pistolas, 70 fusiles de guerra, 41.500 explosivos, 3.248 fulminantes, 1.701 metros de mecha y 16 chalecos antibalas.

Belaunde recordó que actualmente existen 22 estados de emergencia en el país, de los cuales ocho se encuentran bajo el mando de las Fuerzas Armadas, incluido el correspondiente a Pataz.

La caída del general Franco Moreno

El general PNP Franco Moreno asumió el cargo policial más importante en La Libertad, pero vio interrumpida su gestión tras un breve período de cuatro meses. Designado para combatir la criminalidad organizada y el contrabando minero, el oficial desplegó una estrategia firme para contener delitos de gran impacto.

El conflicto interno detonó cuando la jefatura emprendió una depuración de policías, disponiendo el traslado masivo de agentes de comisarías clave. 

Esta medida trataba de desarticular complicidades y esquemas de extorsión a los vehículos que transitaban con licencias irregulares. A fines de abril le costó el puesto.