Ahora Nación plantea hasta 8 años de cárcel para quienes operen granjas de bots y trolls en campañas electorales

El partido político Ahora Nación presentó un proyecto de ley que sanciona con pena privativa de libertad de entre 4 y 6 años a quienes creen, administren, financien, operen, dirijan o contraten granjas de bots y trolls con el propósito de difundir acusaciones falsas o manipular la voluntad electoral.

La iniciativa, a cargo del diputado César Muedas, incorpora el artículo 12-B a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos.

La pena se eleva a un rango de 5 a 8 años de prisión cuando concurran agravantes como el financiamiento con fuentes prohibidas por la legislación electoral, la participación de una autoridad electa o funcionario público, el uso de recursos o infraestructura del Estado, o cuando la operación se ejecute mediante inteligencia artificial y deepfakes destinados a atribuir declaraciones falsas a candidatos. La agravante también aplica si la red actúa como parte de una organización criminal.

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Cabe señalar que hay toda una discusión en varios países de la región sobre este tema tras la detención del argentino Fernando Cerimedo, quien es presuntamente promotor de una red internacional de desinformación en campañas electorales de Bolivia, Brasil, Argentina y Chile.

Según el documento, el Jurado Nacional de Elecciones reportó 704 alertas de desinformación electoral durante los once meses previos a febrero de 2026. De esas, 242 correspondieron a diciembre de 2025 y 215 a enero de 2026.

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La propuesta también alcanza a funcionarios y organizaciones políticas

El proyecto modifica la Ley del Servicio Civil para calificar como falta disciplinaria que sea sancionable con suspensión o destitución, que un servidor público cree, administre o financie una red de cuentas falsas con recursos públicos.

También modifica la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para calificar como infracción muy grave que un partido cree, financie o contrate este tipo de redes para difundir imputaciones falsas contra una autoridad o candidato.

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La iniciativa dispone además que los partidos y los candidatos deberán declarar ante la ONPE los gastos destinados a publicidad digital, contratación de agencias de comunicación, administración de cuentas y contratación de sistemas de inteligencia artificial.

La ONPE, el JNE, el Ministerio Público y la PNP deberán coordinar mecanismos para prevenir, investigar y perseguir estas operaciones.