JP plantea cadena perpetua para policías corruptos tras casos de coimas, secuestros y extorsión en la PNP

La diputada Catherin Palomino, integrante de la bancada Juntos por el Perú (JP), presentó un proyecto de ley que busca imponer cadena perpetua a los policías que cometan delitos graves con el cargo, las funciones o los recursos que el Estado les entrega para combatir el crimen.

La iniciativa llega tras una serie de casos de coimas, secuestros y extorsión que comprometieron a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los últimos meses. En el texto del proyecto, la congresista sostuvo que este tipo de conductas "quebrantan la legalidad" y "traicionan la Constitución", porque el agente pone al servicio del delito las herramientas que el Estado le confió.

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El proyecto no crea delitos nuevos. Modifica el artículo 46-A del Código Penal, que ya castiga con una pena mayor a los funcionarios que se aprovechan de su cargo para delinquir. Lo que cambia es la consecuencia para un grupo específico de delitos.

Si un policía, en ejercicio de sus funciones o que se exceda en ellas, comete homicidio, asesinato, feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión o corrupción agravada, entre otros, la pena pasaría a ser cadena perpetua. Sin excepciones.

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La propuesta también alcanza otros escenarios. Uno es el de los policías que, desde un penal donde cumplen prisión, ordenan delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas o extorsión.

Otro apunta a quienes cometen delitos sexuales, homicidios o robos mientras se hacen pasar por choferes o cobradores de transporte público, o de mototaxis. En ambos casos, la pena podría subir hasta en un tercio sobre el máximo legal.

El proyecto se sustenta, además, en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según ese informe, citado en la exposición de motivos, la corrupción y la delincuencia son percibidas como los principales problemas del país, con 58,7% y 50% de respaldo, respectivamente. El dato que más pesa en el texto es otro: la desconfianza ciudadana en la PNP llega a 82,9%.

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Los casos mencionados en la propuesta

La exposición de motivos reúne varios episodios recientes para justificar el cambio. En junio de 2026, la Fiscalía detuvo a nueve policías de la comisaría de Vitarte, acusados de exigir coimas a conductores en la Carretera Central a cambio de no ponerles papeletas.

Según el documento, algunos de los intervenidos fueron obligados a sacar dinero de cajeros porque no llevaban efectivo encima. Ese mismo mes, otros cinco efectivos fueron detenidos en Ica por presuntamente cobrar dinero a cambio de permisos irregulares para faltar al servicio.

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El texto también cita el caso "Los Incorregibles de San Juan de Miraflores", de agosto de 2025. Nueve integrantes de la PNP, ocho de ellos en actividad, fueron investigados por sembrar drogas y armas a ciudadanos para luego cobrarles a cambio de dejarlos libres.

A ese caso se suma la condena confirmada, de siete años y seis meses, contra el suboficial Paul Galarza, quien integraba una banda dedicada a la extorsión y presionaba a las víctimas para que no denunciaran.

Otro episodio mencionado en el proyecto es el secuestro del empresario colombiano Juan Mauricio Padilla, ocurrido en agosto de 2025 en Lima. De acuerdo con el documento, en el caso participaron efectivos policiales que habrían usado recursos ligados a su función para exigir cerca de 400 mil dólares en criptomonedas.

A esa lista se agrega la red "Los Charlys de Pucallpa": dos policías en actividad recibieron dieciocho meses de prisión preventiva en junio de este año por secuestro y extorsión mediante intervenciones falsas.

La propuesta no es la primera en tocar este tema. El proyecto recuerda otras dos iniciativas previas: una de 2023, que buscaba elevar penas para policías y militares que colaboren con organizaciones criminales, y otra de octubre de 2025, sobre tenencia ilegal de armas.

También menciona una propuesta de agosto de este año, orientada a derogar la Ley 32735 para que los delitos de policías y militares regresen a la justicia ordinaria. Según el documento, el cambio al artículo 46-A no le quita competencias al Ministerio Público ni al Poder Judicial, y tampoco demandaría gasto adicional al Estado.