
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señaló que el excongresista Kenji Fujimori deberá cumplir una obra de bien social o realizar 10 horas de servicio comunitario, medidas que forman parte de la sentencia con libertad suspendida que recayó sobre el menor de los Fujimori por el delito de tráfico de influencias, caso conocido como 'Mamanivideos'.
La decisión judicial respondió a un recurso interpuesto por la defensa del exlegislador el 18 de abril de 2026. Según El Comercio, la representación legal solicitó especificar las jornadas, debido a un reporte de la Subdirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitido el 1 de abril de 2026.
En dicho documento, la entidad penitenciaria advirtió que el sentenciado no podía iniciar sus labores comunitarias, debido a que no se precisó la cantidad de jornadas que le correspondería realizar. Por ello, la defensa del excongresista indicó que “impide dar inicio al cumplimiento efectivo de dicha regla de conducta en el medio libre".
Frente a ello, el tribunal supremo estableció que la sanción contempla dos alternativas: una obra social junto con un informe detallado que deberá presentar ante el juez de investigación preparatoria o un servicio comunitario o comunal, equivalente a 10 horas, bajo la supervisión de la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario de Lima.
Si el excongresista elige la segunda opción, deberá establecer un horario de trabajo ante el juzgado supremo. Con esta información, el tribunal notificará al INPE para que le asigne una entidad pública o servicio oficial donde complete las horas. Una vez concluidas las jornadas, la entidad penitenciaria enviará el reporte de confirmación al juez.
El proceso contra Kenji Fujimori comenzó tras comprobarse su intervención para buscar votos en el Congreso que evitaran el primer proceso de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017.
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Meses después, en marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular difundió grabaciones hechas por el fallecido exlegislador Moisés Mamani. Los videos mostraban negociaciones que buscaban el indulto de Alberto Fujimori —otorgado el 24 de diciembre de 2017— a cambio de evitar la destitución presidencial, hecho que provocó la suspensión parlamentaria de Kenji Fujimori y de los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.
En 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó para Kenji Fujimori cuatro años y seis meses de prisión suspendida. Posteriormente, en 2024, la Corte Suprema ratificó su condena, pero varió la pena a prisión suspendida.





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