
El diputado de la bancada del Buen Gobierno, Fernando García Huby, cuestionó las primeras acciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, quien minimizó el impacto de las lluvias en Lima Sur y, además, no se ha ha pronunciado sobre las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, pero sí busca, junto al Ejecutivo, que el Tribunal Constitucional (TC), derogue cuatro leyes promulgadas en pro del ciudadano.
"Cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo… la caja fiscal no se puede, pero cuando se trata de dictar exoneraciones tributarias a grandes poderes económicos ahí sí no hablamos de la caja fiscal. Ahí sí nos quedamos callados. Ahí si no veo al ministro de Economía diciendo vamos a decirle al Congreso que pida por favor la exoneración de esas leyes de carácter tributario. Pido más coherencia", exclamó durante su presentación tras el discurso del primer ministro, Luis Galarreta, en la Cámara Baja.
Consideró que no existe empatía al solicitar la inconstitucionalidad de las normas de pensión y beneficios para los trabajadores. “Se olvida que detrás de esas leyes hay maestros, policías, militares y trabajadores”, dijo.
García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.
Por eso, es que el Ejecutivo llevará las normas ante el Tribunal Constitucional (TC) para buscar su derogación.
Se trata de leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.
El economista Mario Vergara explicó en entrevista a Latina cada una de estas normas.
La primera de ellas es el aumento de las pensiones de los maestros jubilados, lo cual generará un costo estimado de S/8 mil millones anuales. “Consiste en igual el valor de la pensión a un valor de S/3500 lo que demuestra una desigualdad con la pensión que reciben otros funcionarios que es de S/600”, dijo.
En tanto, la segunda ley es la modificación del régimen pensionario para militares y policías que también tiene un costo de S/15 mil millones. La tercera está vinculada a los beneficios para los trabajadores CAS para otorgarles gratificaciones y demás aguinaldos, lo que generaría un costo total anual de S/3 mil millones.
Finalmente, la cuarta ley es sobre el incentivo CAFAE que tiene un costo aproximado de S/2 600 mil millones anuales.
En total, las cuatro normas implican un estimado de S/30 mi millones anuales, que representa el 5% del PBI.
En otro momento, el diputado de Buen Gobierno rechazó las primeras acciones de algunos miembros del Gabinete. “Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos. Pueden tener una posición académica adecuada y técnicos en la materia, pero no tienen una posición política de respeto y empatía a la ciudadanía”, manifestó.
Se refirió al ministro del Interior, César Astudillo, y rechazó que haya ratificado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.
“Cómo podemos creerle a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden todo lo que han logrado en su inversión de vida”, anotó.





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