
Mientras Fuerza Popular respaldó con aplausos el discurso del primer ministro, diputados de Renovación Popular y de bancadas opositoras no dudaron en cuestionar al gabinete de Luis Galarreta por la falta de resultados concretos. El premier expuso durante casi una hora un plan centrado en seguridad, gestión de riesgos y democracia ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, congresistas de distintas bancadas, incluidas algunas aliadas al oficialismo, pidieron explicaciones puntuales sobre las medidas anunciadas.
El reclamo más repetido apuntó al ministro del Interior, César Astudillo, por mantener en el cargo al comandante general Óscar Arriola. Diputados de bancadas tan distintas como Obras, Renovación Popular y Ahora Nación coincidieron en pedir su salida. El diputado Víctor Piñán, de Obras, citó el caso de un chofer de transportes asesinado por negarse a pagar cupos extorsivos, y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo.
Otro bloque de críticas se centró en el fenómeno El Niño y en la posible flexibilización laboral que buscaría el Gobierno. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, advirtió que su bancada no cederá facultades legislativas en materia de trabajo. Congresistas de Juntos por el Perú fueron más allá y responsabilizaron directamente al fujimorismo por la crisis institucional que hoy dicen enfrentar, en referencia a su rol en el Congreso anterior.
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El diputado Víctor Piñán, de Obras, saludó la presencia del premier y del gabinete completo en el hemiciclo, pero pidió respuestas inmediatas frente a las urgencias y las demandas ciudadanas. Piñán relató el caso de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, asesinado tras negarse la empresa a pagar cupos a extorsionadores. Citó cifras del SINADEF: más de 100 desde que empezó el gobierno de Keiko Fujimori han sido asesinados.
Piñán cuestionó directamente al ministro del Interior por mantener a Arriola en el cargo. "El pueblo peruano exige resultados, señor ministro del Interior. Sin embargo, usted sigue ratificando al comandante general de la PNP, al señor Arriola, el cual yo lamento", dijo el diputado de Obras.
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La crítica no vino solo de la oposición. Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, aliado del oficialismo, también cuestionó al ministro por mantener a Arriola. "Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted", señaló Yarrow. Su compañera de bancada, Roxana Rocha, pidió además esclarecer una presunta filtración de información policial y datos personales. "Es inadmisible que la información destinada a combatir el delito favorezca a los criminales. Exigimos sanciones inmediatas", indicó.
Desde Ahora Nación, el diputado Harvey Colchado fue más directo y vinculó el aumento de la criminalidad a dos nombres puntuales. "El incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola, y un padre, el exministro del Interior, Santiváñez Antúnez", afirmó. La senadora Ruth Luque, de la misma bancada, pidió una reforma policial y recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. "La señora Fujimori habla de reconciliación, pero no ha tenido ni un gesto", dijo Luque.
La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó que el fujimorismo se presente sin autocrítica ante una crisis de la que, según dijo, es corresponsable. "Sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado, cuando son directamente responsables del mismo, junto a los gobiernos a los que avaló y a los que respaldó desde el anterior Congreso", señaló.
Huilca calificó de insuficientes las medidas anunciadas frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el discurso de Galarreta no mencionó inversiones esenciales, como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura ni los drenajes de Trujillo y Piura. También advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo en materia laboral. "Lo único que parece motivar al gobierno es la flexibilización laboral. Pero desde ya les decimos que no cederemos facultades para legislar en materia laboral. No más recorte de derechos a las y los trabajadores", afirmó la diputada de Ahora Nación.
El diputado Leo de Paz Lancho, de Renovación Popular, cuestionó que el plan de obras de drenaje anunciado no incluya a Lima. "El gobierno presenta hoy su plan drena más para provincias como Cusco, pero ¿Villa El Salvador está en ese plan? ¿Cono sur y mis hermanos de los cerros de Lima están en ese plan?", preguntó.
Los cuestionamientos más frontales llegaron desde la bancada de Juntos por el Perú. El senador Jaime Quito calificó al equipo ministerial como un "gabinete de reciclados" y lo vinculó con gobiernos anteriores. "Los responsables directos están aquí, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen del gobierno de García, Ollanta. Lamentamos que se haya quitado el voto de confianza. No nos traen absolutamente nada", dijo Quito. El senador también responsabilizó a sectores cercanos al Ejecutivo por la salida de Pedro Castillo.
La diputada Svieta Fernández, de la misma bancada, cuestionó el relato de "herencia recibida" que usó el premier en su discurso. "El gobierno nos dice que recibió un país en total desorden. La pregunta es: ¿de quién lo recibió? Porque quienes hoy gobiernan formaron parte del pacto político que sostuvo los últimos gobiernos y convivió con el deterioro de nuestras instituciones", señaló Fernández. Su compañera de bancada, Graciela Chicana, fue tajante: "Estamos frente a un gobierno que no le interesan los derechos humanos, y no le va a interesar atender el fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana", afirmó.
Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Fernando García puso en duda la capacidad política del gabinete, más allá de su perfil técnico. "¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos?", cuestionó. Su colega de bancada, Jessica Benítez, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque con condiciones. "Estamos dispuestos a trabajar juntos y a construir consensos, pero no va a significar que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de fiscalizar y exigir resultados", indicó la diputada.





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