
El sistema de la Policía Nacional del Perú (PNP) registró cifras alteradas durante el 2025, lo que pone en duda la reducción de homicidios que el ministro del Interior, César Astudillo, usó para respaldar la continuidad del jefe policial Óscar Arriola. Astudillo aseguró que, comparado con el año pasado, "había 500 muertos más" a estas alturas. Sin embargo, la base de datos de la PNP muestra que esa comparación se apoya en registros con errores graves detectados entre abril y junio del 2025. La pregunta que hasta ahora nadie ha respondido es si la reducción de homicidios que celebra el Gobierno es real o un espejismo estadístico.
El Ministerio del Interior (Mininter) informó a inicios de julio que los homicidios cayeron 24,6% en el primer semestre del 2026 frente al mismo periodo del 2025. La cifra bajó, según el reporte oficial, de 1.680 a 1.267 casos. Ese dato se convirtió en la principal defensa del Gobierno para sostener que la estrategia de seguridad funciona y que Arriola debe seguir al mando de la PNP.
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La base de datos de la PNP, sin embargo, tiene un problema serio en ese periodo. Entre abril y junio del 2025, la categoría "Otros objetos" —que agrupa homicidios cometidos sin arma de fuego ni arma blanca— se disparó sin ninguna explicación lógica. Ese salto infló artificialmente el número de homicidios del 2025 y, con ello, exageró la caída que el Gobierno atribuye al 2026.
La denuncia llega en un momento sensible. Keiko Fujimori anunció una evaluación de los altos mandos policiales apenas días antes de que Astudillo saliera a defender a Arriola con esta cifra. Mientras tanto, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó más de 80 homicidios solo en los primeros quince días del nuevo Gobierno, un dato que contrasta con el discurso oficial de mejora.
El analista de datos Juan Carbajal reveló que la categoría "Otros objetos" del sistema DIVCOP de la PNP acumuló 494 registros en el primer semestre del 2025. Esa cifra casi cuadruplica los 125 casos del 2024 y los 120 del 2026 en el mismo periodo. El promedio histórico normal nunca superó los 35 casos por mes, pero solo entre abril y junio del 2025 se acumularon 416 registros bajo ese rubro.
El dato que más llamó la atención de Carbajal tiene que ver con las edades de las víctimas. Al desagregar la información, encontró que el sistema registró 133 homicidios de personas de 0 años en ese mismo trimestre: 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En 2024 y 2026, esa misma categoría marca entre 0 y 1 caso en todo el semestre.
Para el analista, un supuesto asesinato masivo de bebés recién nacidos de esa magnitud habría generado una alarma humanitaria inmediata y una cobertura noticiosa masiva en su momento. Eso nunca pasó. Carbajal lo cruzó, además, con los registros de Sinadef, cuyos médicos legistas jamás certificaron ese pico de muertes de menores en esos tres meses.
Con esos datos, Carbajal hizo un cálculo alternativo. Si se reemplaza el trimestre con errores por el promedio histórico normal, el exceso ronda los 350 registros mal digitados. Bajo ese ajuste, el primer semestre del 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680. La comparación con los 1.267 casos del 2026 arrojaría una reducción real de apenas 4,7%, muy lejos del 24,6% que anunció el Gobierno. El analista pidió que la PNP audite esos registros antes de seguir usándolos como referencia, algo que hasta el cierre de esta nota no ha ocurrido.
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El extitular del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó, en diálogo con este diario, que exista una cifra oficial de reducción de homicidios sin que se conozca a fondo su origen. "Yo no conozco la cifra que el ministro ha señalado de una reducción del número de asesinados", indicó el exministro, quien remarcó que un cambio de gobierno no tiene, por sí solo, ninguna relación directa con la baja o el alza de la criminalidad.
Pedraza fue más allá y afirmó que la gestión actual no ha modificado en nada la forma en que la policía enfrenta el crimen organizado. "El cambio de gobierno no ha significado hasta ahora un cambio de estrategia en la intervención policial y por eso es que no se observa ningún cambio sustantivo", señaló. Para el exministro, el problema de fondo no está en atrapar al sicario que dispara, sino en identificar mediante inteligencia a quienes ordenan los ataques y las extorsiones.
Sobre el Plan Escudo, el operativo que despliega policías y militares para proteger a transportistas, Pedraza fue crítico. Explicó que ese esquema alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima, según cifras de un dirigente del gremio. "Ese plan podrá servir coyunturalmente a una parte muy reducida de los afectados, los transportistas, pero definitivamente no es una respuesta global al fenómeno que hoy tenemos", advirtió. El exministro insistió en que la solución pasa por invertir en tecnología para rastrear comunicaciones, ya que, según dijo, la mayoría de las extorsiones se coordinan por redes sociales y mensajes de texto.





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