Oposición y oficialismo se pelean la comisión de Constitución y Justicia

El Congreso bicameral entra en una etapa decisiva. Las bancadas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú disputan la presidencia de dos comisiones del Congreso con enorme peso político: Constitución y Justicia. La primera concentra el debate sobre reformas al texto constitucional. La segunda define el rumbo de las investigaciones y sanciones penales que involucran a figuras públicas.

Este martes 4 de agosto, a las nueve de la mañana, se reunirá la junta de portavoces del Senado en la Sala Bolognesi. Dos horas después, a las once, le toca el turno a la Cámara de Diputados en la Sala Basadre del Palacio Legislativo. Ambas citas servirán para definir el reparto de la presidencia de las bancadas legislativas.

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El reparto general de comisiones ya está definido por bancada según el reglamento. Fuerza Popular podrá liderar cinco presidencias en Diputados y tres en Senado. Le sigue Juntos por el Perú, con cuatro en Diputados y dos en Senado. Buen Gobierno y Renovación Popular obtienen dos presidencias cada una en Diputados y una en Senado. Ahora Nación y Obras cierran la lista con una presidencia cada uno, pero solo en la Cámara de Diputados.

La disputa por Constitución y Justicia no es solo administrativa: define qué agenda legislativa avanza y cuál se frena durante los próximos cinco años.

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¿Qué comisión pide cada bancada?

Fuentes de este diario señalaron que Renovación Popular solicitará en el Senado la comisión de Justicia o Constitución. En Diputados apunta a tres comisiones: Justicia, Educación y Familia.

Por su lado, Fuerza Popular concentra su pedido en el Senado. La bancada oficialista solicitó las comisiones de Constitución, Economía y Justicia. Es la misma combinación que ya defendía meses atrás, cuando el Congreso todavía discutía la conformación de sus grupos de trabajo. El interés del fujimorismo por retener Constitución no es nuevo: ha presidido esa comisión en los últimos 10 años.

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Juntos por el Perú replica exactamente el mismo pedido que Fuerza Popular en el Senado: Constitución, Economía y Justicia. Ernesto Zunini, vocero de los diputados de esta bancada, señaló a la prensa que buscaría liderar Justicia, Educación, Energía y Minas, y Salud.

La República tuvo conocimiento que Ahora Nación está interesado en liderar las comisiones de Constitución, Justicia y Economía desde la Cámara de Diputados. En cuanto a los senadores, señalaron que buscan presidir una de las comisiones ordinarias no legislativas: Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Además indicaron que se mantienen en negociaciones con Buen Gobierno y Obras. Al cierre de esta nota, las bancadas de Buen Gobierno y Obras mantuvieron hermetismo en cuanto a sus preferencias.

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El antecedente de una disputa que viene de julio

Esta pugna no nació esta semana. En julio, cuando el Congreso aún negociaba la distribución de comisiones, Jaime Quito, congresista y senador electo de Juntos por el Perú, ya había señalado a este diario que su bancada quería arrebatarle Constitución al fujimorismo. Quito argumentó que su partido plantea cambios al texto constitucional y que el control de esa comisión resulta clave para impulsarlos, incluida la recuperación del derecho al referéndum.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron entonces que Fuerza Popular no tenía intención de ceder esa comisión. El partido de Keiko Fujimori se ha mostrado conforme con el texto constitucional vigente y buscará resguardarlo desde ese espacio. Otras bancadas también movían fichas por su lado: Renovación Popular impulsaba su llegada a Educación para mantener una línea conservadora frente al enfoque de género, mientras Ahora Nación mostraba interés en Economía y Justicia.

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Ética, Acusaciones Constitucionales y otras comisiones también entran en la agenda

La pelea por Constitución y Justicia no es el único punto que resolverá la junta de portavoces. Entre las comisiones ordinarias no legislativas para la Cámara de Senadores se encuentran Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Por otro lado, los diputados cuentan con las comisiones de Ética, Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la comisión de Acusaciones Constitucionales.

La conformación de la Comisión de Ética tiene un grupo de reglas diferentes al resto. Este grupo de trabajo quedará integrado por un integrante de cada bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La lógica detrás de esta regla busca que el control de la conducta parlamentaria no dependa solo de la mayoría oficialista ni de un bloque opositor específico.

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Junto a Ética, la Junta de Portavoces también definirá quiénes integran la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo tiene una función clave: califica si las denuncias constitucionales contra altos funcionarios son admisibles, investiga los casos que avanzan y redacta los informes finales que después pasan al Pleno. El reglamento parlamentario exige que su composición respete dos principios: pluralidad y proporcionalidad entre bancadas. Es decir, ninguna fuerza política puede quedar excluida, pero tampoco todas tienen el mismo peso: la representación se ajusta según el tamaño de cada bancada en el Congreso.

La comisión de Acusaciones Constitucionales suele cobrar protagonismo cuando surgen denuncias contra ministros, congresistas o el propio presidente de la República. Su composición, por lo tanto, no es un trámite menor. Dado el actual mapa de fuerzas, con Fuerza Popular como bancada oficialista y Juntos por el Perú al frente de la oposición, el balance dentro de este grupo también quedará bajo observación.

El nuevo Congreso bicameral trabajará con 16 comisiones en la Cámara de Diputados y siete legislativas en el Senado. Entre ellas figuran Defensa Nacional y Orden Interno, Energía y Minas, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia e Innovación Tecnológica, además de Constitución, Economía y Justicia. La correlación de fuerzas que se confirme este martes marcará el tono del trabajo legislativo durante los próximos cinco años, sobre todo en los espacios donde se decide el futuro de la Constitución, el destino de los procesos judiciales más sensibles y el control ético de la propia clase política.