Diputada de Juntos por el Perú presentará proyecto de ley para derogar leyes procrimen

La diputada Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú, presentará un proyecto de ley para derogar diversas leyes procrimen que, según argumenta, generaron retrocesos en la lucha contra el crimen organizado en el Perú. La propuesta busca eliminar siete normas aprobadas en los últimos años y devolver vigencia a las reglas que existían antes de esas modificaciones.

El proyecto apunta contra disposiciones que tocan temas sensibles para las investigaciones fiscales. Entre ellas están los cambios al régimen de prescripción de la acción penal, las reglas sobre colaboración eficaz y la definición legal de organización criminal. También incluye modificaciones a la incautación de explosivos usados en minería ilegal y al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.

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La exposición de motivos del proyecto no es un simple señalamiento político. Palomino cita observaciones técnicas que instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo formularon en su momento contra varias de estas iniciativas, antes de que se convirtieran en ley. En algunos casos, esas entidades calificaron las propuestas como "no viables" desde el punto de vista constitucional.

El texto también recurre a cifras para sustentar la urgencia de la medida. Según datos del Ministerio Público citados en el documento, entre enero y junio de este año se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un promedio cercano a 70 casos por día. La diputada sostiene que ese escenario contrasta con la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior para 2026, que cayó 10% en términos reales.

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¿Cuáles son las siete leyes que busca derogar el proyecto?

El proyecto de ley identifica de manera puntual las normas que considera un retroceso normativo. Estas son:

1. Ley N.° 31751, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para poner un límite temporal a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.
2. Ley N.° 32104, que precisó la aplicación de ese límite y ordenó su uso retroactivo cuando favorezca al imputado.
3. Ley N.° 31989, que restringió las medidas de intervención e incautación de explosivos usados en actividades de minería ilegal.
4. Ley N.° 31990, que fijó un plazo máximo de ocho meses para tramitar los procesos de colaboración eficaz, prorrogable hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.
5. Ley N.° 32054, que excluyó a las organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa que sí aplica a otras personas jurídicas.
6. Ley N.° 32108, que endureció los requisitos para definir jurídicamente una organización criminal y condicionó los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado.
7. Ley N.° 32130, que trasladó parte de la conducción de las investigaciones preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional del Perú.

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¿Por qué la diputada considera que estas leyes deben derogarse?

La exposición de motivos del proyecto explica que estas siete normas no nacieron de manera aislada. Todas se aprobaron en un periodo donde crecieron la extorsión, la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, delitos que —según el texto— requieren investigaciones largas, pericias especializadas y cooperación entre instituciones. La diputada argumenta que, en ese escenario, el Congreso optó por reducir las herramientas legales disponibles para combatir precisamente esos delitos.

Un punto central del sustento jurídico es el Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema. Ese pronunciamiento cuestionó la Ley 31751 porque, a criterio de los jueces supremos, el plazo fijo que impuso para la prescripción no tenía precedentes ni en el derecho peruano ni en el derecho comparado. La Corte Suprema llegó a exhortar a los jueces del país a aplicar el control difuso cuando la norma resultara incompatible con la Constitución. El proyecto retoma ese argumento para sostener que la ley debe salir del ordenamiento legal de manera definitiva.

El texto también recoge las sentencias 83/2026 y 84/2026 del Tribunal Constitucional, emitidas en febrero de este año sobre la Ley 32130. El TC no declaró inconstitucional esa norma, pero sí fijó un criterio importante: el Ministerio Público debe mantener la conducción jurídica de toda investigación desde el primer momento, sin que la Policía actúe de forma autónoma. Para la diputada, ese pronunciamiento confirma que la ley generó tensiones entre fiscales y policías que conviene resolver con su derogación, y no solo con interpretaciones judiciales.