Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras confirman una coalición en el Congreso para derogar leyes procrimen

Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras confirmaron este 5 de julio la formación de una coalición parlamentaria que actuará desde el nuevo Congreso bicameral. Los líderes de las tres agrupaciones, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez Palomino y Ricardo Belmont Cassinelli, firmaron un pronunciamiento conjunto donde adelantaron su primera tarea legislativa: derogar las leyes procrimen aprobadas por el actual Parlamento en los últimos años. El bloque reunirá a los senadores y diputados electos de las tres organizaciones. Ejercerá función opositora frente al gobierno de Keiko Fujimori, quien asume la presidencia el 28 de julio.

El documento fija cuatro compromisos, cada uno con un objetivo distinto. El primero reconoce los resultados electorales, pero reserva el derecho de denunciar irregularidades del proceso. El segundo anuncia un control político "firme, vigilante y responsable" desde ambas cámaras. El tercero exige justicia para las víctimas de las protestas en el sur del país y rechaza cualquier impunidad para los delitos de corrupción de altos funcionarios. El cuarto detalla la agenda legislativa: derogar las leyes procrimen, recuperar el derecho al referéndum y buscar la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Bajo esa etiqueta, la oposición agrupa normas puntuales. Entre ellas, la que exime de responsabilidad penal a los policías que usan armas de fuego en cumplimiento de su función, la ley de legítima defensa para civiles y el dictamen que traslada al fuero militar policial las investigaciones contra agentes de la PNP y las FF. AA.

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Roberto Sánchez reconoce los resultados del JNE, pero cuestiona el proceso

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, reconoce en el comunicado la proclamación de Fujimori como presidenta electa. Sin embargo, el pronunciamiento no cierra el debate sobre el proceso. Los tres partidos advierten que acatar el resultado no implica renunciar al derecho de señalar irregularidades.

El documento sostiene que la paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que, a su juicio, merecen esclarecerse. Con eso, la alianza busca un equilibrio: evita el choque directo con el JNE, pero deja abierta la puerta a nuevos cuestionamientos desde la tribuna parlamentaria.