Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Reacciones. El sentenciado expresidente Pedro Castillo envió un oficio al presidente José Jerí, en el que le pide realizar una revisión en la celda del exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

A través de un documento redactado y enviado por su defensa legal, Castillo hizo las siguientes peticiones al Gobierno de Jerí: acudir al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval para revisar los celulares y las laptops de la celda de Montesinos y trasladarlo al penal de máxima seguridad de Challapalca.

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El motivo de la última solicitud de Castillo es para que Montesinos cumpla su sentencia hasta septiembre del 2037 con la finalidad de que "se evite despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar a un niño desnutrido, elevar el sueldo de un policía o pagar la bolsa de cemento para un hospital".

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"(…) haciéndose con la requisa y traslado a Challapalca merecedor del cargo, elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente", se lee en el documento.

El pedido de Castillo se realiza 3 días después de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revisaron su celda y, presuntamente, filtraron las fotografías de la requisa en el penal de Barbadillo, en el que se encuentra cumpliendo una condena en primera instancia por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

El exmandatario consideró que su solicitud se hace en "aras de la igualdad que le caracteriza" a Jerí.

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Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

El 10 de febrero, la defensa de Pedro Castillo presentó una denuncia contra Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Shadia Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, por la difusión de imágenes del expresidente tomadas durante una requisa realizada por funcionarios de la institución el 8 de febrero.

Según la denuncia, se divulgaron fotografías que muestran pertenencias personales y las condiciones de reclusión del expresidente.

La denuncia sostiene que la divulgación de estas fotografías infringe derechos constitucionales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, además de constituir presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.

La denuncia argumenta que, aunque el Estado tiene la facultad de realizar requisas, la difusión de las imágenes obtenidas en estas intervenciones carece de sustento legal.