Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite la demanda de habeas corpus que solicita el otorgamiento inmediato de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, a fin de que pueda viajar a México y continuar con el asilo diplomático.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, también solicita que se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática y que se disponga que ninguna autoridad —incluyendo al presidente de la República, a la PNP, el Ministerio Público o Poder Judicial— pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la Embajada de México.

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Asimismo, la medida también requiere que se ordene al Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la residencia mexicana. Además, se pidió que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes para garantizar el recinto, así como la abstención de actos de hostigamiento.

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Es preciso resaltar que la demanda de habeas corpus fue presentada por el ciudadano contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En tanto, el recurso también consigna a la Embajada de México como beneficiada.

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Las razones del habeas corpus

De acuerdo con la resolución judicial, la demanda del ciudadano demandante se sustenta en que, presuntamente, el presidente Jerí "habría manifestado públicamente la posibilidad de ingresar por fuerza pública a la Embajada de México, sede en Lima, bajo el marco del cumplimiento de un mandato judicial de prisión preventiva" Betssy Chávez.

En ese sentido, el demandante indicó que esas declaraciones constituirían una "amenaza real, cierta e inminente", que desconocería a la Convención de Viena.

De igual manera, se mencionó que cualquier ingreso forzoso a una embajada extranjera sería una incorrecta ejecución de un mandato judicial que configuraría una "violación internacional que puede generar responsabilidad del Estado".

En ese contexto, el Poder Judicial resolvió que se corra traslado de la demanda a la Procuraduría de la PCM, la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial con la finalidad de que, en un plazo de tres días, presenten sus descargos.