Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

El Gobierno ha oficializado, a través del Decreto Supremo N.° 132-2025-PCM publicado en El Peruano, la prórroga del estado de emergencia en la ciudad de Lima Metropolitana y la provincia del Callao por 30 días, con efecto desde el 21 de noviembre de 2025.

Durante este período, la Policía Nacional del Perú liderará las operaciones de orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, estableciendo las zonas de intervención con base en inteligencia, mapas del delito y estadísticas.

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Además, se mantiene la exigencia de autorización previa para actividades públicas masivas (religiosas, culturales, deportivas), mientras que los eventos de menor escala podrán realizarse sin trámite previo.

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La prórroga también contempla la posibilidad de restringir o suspender temporariamente derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal.

Cabe recordar que este estado de emergencia se había establecido inicialmente el 22 de octubre para un periodo de 30 días, tiempo durante el cual el Presidente José Jerí encabezó operativos, patrullajes y reuniones con autoridades locales con el fin de reforzar la seguridad ciudadana.

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La decisión fue tomada a pocos días de que se cumpla los 30 días de la medida original que entró en vigor el último 22 de octubre. Sin embargo, desde el momento en el que José Jerí asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte, de acuerdo con las cifras sel Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) —desde el 10 de octubre hasta el 14 de noviembre— se ha reportado más de 180 asesinatos en el país.

La extensión del estado de emergencia se da a pesar de que especialistas han exigido al Gobierno medidas más efectivas contra la inseguridad.

El profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Osvaldo Zavala, criticó a Jerí al señalar que los estados de emergencia "no son herramientas eficaces para combatir el crimen". Además, sugirió que presentar un proyecto de ley para derogar las leyes procrimen e implementar políticas públicas serían medidas más concretas.

"Se necesitan políticas públicas claras, reformas o derogatorias de leyes que favorecen al crimen, una policía fortalecida con más presupuesto, tecnología, unidades de investigación y mecanismos estrictos de control. Para ello, no es indispensable que el presidente encabece cada operativo", sostuvo.