José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó la suspensión temporal del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el fin de analizar los alcances de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que favoreció a Keiko Fujimori en el llamado caso Cócteles.

"Voy a solicitar la reprogramación de la audiencia que estaba programada para mañana (...) es decir, voy a pedir la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional que beneficia a Keiko Fujimori", sostuvo el Domingo Pérez.

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La resolución del TC estableció que los aportes de campaña de origen privado no constituyen delito de lavado de activos, un fallo que ha generado preocupación por su posible impacto en otros procesos vinculados al financiamiento político.

Durante la audiencia, Pérez argumentó que era necesario pausar el juicio “para evaluar los escenarios posibles” y determinar si el pronunciamiento del TC podría modificar los fundamentos de la acusación fiscal contra Villarán, quien enfrenta cargos por presunto lavado de activos y otros delitos debido a los aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y OAS.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido y decidió continuar con el juicio oral, y dijo que las partes podrán presentar sus planteamientos en el desarrollo del proceso.

Con esta decisión, el proceso contra Susana Villarán seguirá su curso mientras la fiscalía evalúa cómo enfrentar un precedente jurídico que podría reconfigurar varios casos de financiamiento ilegal de campañas en el país.

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¿Cuáles fueron los argumentos del TC para archivar el caso Cócteles, que podría beneficiar a otros procesados?

El Tribunal Constitucional (TC) decidió archivar el caso Cócteles porque consideró que a Keiko Fujimori la acusaron por un delito que, en realidad, no existía cuando ocurrieron los hechos. Según el TC, la Fiscalía la acusó de lavado de activos bajo la figura de “receptación patrimonial”, es decir, recibir dinero de origen ilegal. Pero esa modalidad del delito recién fue creada en el 2016, mientras que los aportes a sus campañas fueron en 2011 y 2016, cuando esa ley todavía no existía.

Además, el TC sostuvo que recibir aportes para una campaña política no puede considerarse un delito de lavado de activos, porque el dinero no fue usado para esconder su origen o para “blanquearlo”, sino para una finalidad política: financiar una candidatura. Según el fallo, ganar una elección puede ser cuestionable políticamente, pero no es un objetivo delictivo.

En resumen, el TC no dijo que Keiko Fujimori sea inocente o que el dinero de Odebrecht sea limpio, sino que el tipo de delito que se le imputaba no puede aplicarse legalmente a su caso. Esa decisión, más allá de Keiko, puede beneficiar a otros acusados por lavado de activos relacionados con aportes de campaña, como Susana Villarán.