La indiferencia del Gobierno ante extorsiones: Paul Flores de Armonía 10 y músicos de Agua Marina entre las víctimas

El domingo 16 de marzo el cantante de Armonía 10 Paul Flores 'Ruso' fue asesinado después de un concierto. Esa noche, Flores fue alcanzado por dos disparos de muchos que un grupo de sicarios disparó contra el bus donde se trasladaba la banda. Su fallecimiento generó una serie de manifestaciones sociales exigiendo mayor seguridad. El Gobierno de Dina Boluarte tomó algunas medidas. No fueron suficientes. En la noche de este miércoles 8 de octubre, más de seis meses después, un hecho similar vuelve a golpear la escena musical peruana.

La agrupación Agua Marina fue atacada durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos. Personas no identificadas dispararon de 10 a 20 veces dejando como saldo un total de cinco heridos: cuatro músicos y un vendedor ambulante.

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Con esta tragedia, el mismo sector vuelve a pasar por una situación similar que se supone el Gobierno había atendido meses antes.

El mismo día que asesinaron a 'Ruso' se realizó una reunión en Palacio de Gobierno para atender lo sucedido. El primer ministro en ese entonces, Gustavo Adrianzén, enumeró en su cuenta de X los acuerdos que habían tomado.

Se declaró estado de emergencia en Lima y Callao lo que incluyó el despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas a fin de apoyar las acciones de la Policía. Además, se adelantó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) del 28 de marzo al 18 del mismo mes. La tercera medida fue decretar una reforma integral del sistema penitenciario.

El Ministerio del Interior también anunció que desplegó unidades especializadas de la policía.

En tanto, para dar con los responsables del crimen la PNP ejecutó el "Plan Cerco" para dar con los sicarios. Tras dar con ellos, un equipo especializado de la Dirincri quedó a cargo del caso.

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Otros sectores también son víctimas de extorsión y sicariato

Así como las bandas musicales se han visto afectadas por la ola de extorsión, el sector transporte y de bodegas también es golpeado.

En los últimos meses, las denuncias por cobros de cupos, amenazas de muerte y ataques con armas o explosivos se han multiplicado en toda la capital, generando un clima de miedo e inseguridad.

Según reportes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional, al menos 64 empresas formales de transporte han denunciado ser víctimas de extorsión desde fines de 2024. En apenas medio año, la proporción de compañías afectadas pasó del 10 al 60 por ciento. Los delincuentes suelen exigir pagos semanales o mensuales para permitir la circulación de buses y combis en determinadas rutas, bajo amenaza de atentar contra los conductores o sus unidades. En algunos casos, los choferes que se negaron a pagar fueron asesinados, lo que ha provocado protestas y paralizaciones parciales del servicio en distintos distritos de Lima y Callao.

El comercio minorista atraviesa una situación similar. Solo en 2025, cerca de mil bodegas han cerrado debido a las extorsiones, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bodegueros del Perú. En muchos distritos, especialmente en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Independencia y el Cercado de Lima, los propietarios han recibido mensajes intimidatorios, llamadas anónimas o ataques con explosivos. Algunos negocios han sido baleados o incendiados por negarse a pagar las cuotas exigidas, lo que ha obligado a cientos de familias a cerrar sus locales por miedo. Durante 2024, se estimó que más de dos mil seiscientas bodegas habían tenido que cerrar en circunstancias similares.