Poder Judicial rechaza apelación de Juan José Santiváñez para anular allanamiento a su vivienda

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del exministro del Interior Juan José Santiváñez que buscaba anular todos los actuados del allanamiento a su vivienda realizado el 19 de marzo último como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

El proceso se debe a una presunta interferencia en su condición de abogado y como Ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes. Santiváñez rechazó dicha acusación y calificó que el allanamiento a su domiclio fue "un show mediático de la Fiscalía".

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De acuerdo con el abogado penalista Joel Córdova, a este medio, "el exministro buscaba que se declare nulo todo lo que se hubiera podido encontrar e incautar en esa diligencia de allanamiento con descerraje que se realizó en domicilio, su oficina y su vehículo". Es decir, se buscaba que nada de lo hallado se pueda incorporar al proceso. Ahora, "al ser rechazado su pedido por el Poder Judicial se ha legitimado y declarado como válido tanto la diligencia como cualquier prueba que se haya podido encontrar en esa diligencia".

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley concluyó que la medida de allanamiento e incautación aprobada cumple con los principios de idoneidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que fue necesaria y proporcional para recolectar indicios relevantes sobre los hechos bajo indagación.

En su fallo, el Tribunal también aclaró que durante la diligencia no se vulneraron derechos del investigado, ya que, según lo consignado en las actas, se le solicitó autorización antes de ingresar a su domicilio y este dio su consentimiento para la ejecución del procedimiento.

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Argumentos de la defensa de Juan Santiváñez

La defensa del exministro del Interior sostuvo que la resolución judicial apelada carece de una justificación clara sobre el propósito específico del nuevo allanamiento, argumentando que no se aplicó de manera adecuada el test de proporcionalidad. Según los abogados del investigado, no se explicó por qué era necesario intervenir nuevamente su domicilio, considerando que ya se había realizado una diligencia similar el pasado 3 de marzo.

Asimismo, la defensa planteó que una entrega voluntaria de información habría sido una alternativa más razonable y menos invasiva. En ese sentido, remarcaron que el exfuncionario ha mantenido una postura colaborativa con la investigación, facilitando la ejecución de las medidas dispuestas por las autoridades.