Fiscal de la Nación recurre al TC por leyes que debilitan la extinción de dominio y penalizan a menores

La fiscal de la Nación presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley 32326, norma que modifica la figura de la extinción de dominio y que establece que para llevar a cabo la incautación de bienes se requiera una sentencia penal firme. Delia Espinoza también adelantó que presentará el mismo recurso contra la Ley 32330 que criminaliza a los adolescentes de 16 y 17 años de edad.

"Como es de conocimiento público, estamos presentando demandas de inconstitucionalidad. El día de ayer firmé la demanda contra la nueva ley de extinción de dominio, tal como lo anunciamos en su momento (…) Estamos presentando los fundamentos debe estar ingresando por mesa de partes al Tribunal Constitucional", declaró Espinoza en Nativa sobre la reforma de la extinción de dominio.

La titular del Ministerio Público expresó su preocupación por las leyes aprobadas por el Congreso, ya que, desde su punto de vista, representan graves retrocesos en la lucha contra la criminalidad.

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"Es una ley (extinción de dominio) que no está ayudando para la lucha contra la corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos. Estamos presentando los fundamentos y hoy día debe estarse ingresando por mesa de partes", indicó la fiscal de la Nación.

Sobre la norma de extinción de dominio, además, de requerir una condena firme para proceder con la incautación de bienes, la nueva norma también establece que ya no será responsabilidad del investigado demostrar la legalidad de los bienes cuando la Fiscalía inicie una investigación en su contra.

La disposición establece que sea el Estado —y no el investigado— quien deba demostrar cómo se adquirió el bien, lo que podría dificultar la recuperación de bienes ilícitos.

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Delia Espinoza también anuncia demanda inconstitucional contra Ley 32330

En otro momento, Espinoza anunció que se está preparando una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que criminaliza a los adolescentes de 16 y 17 años para que sean juzgados como adultos.

"Próximamente estaremos presentando la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que penaliza, como si fueran adultos, a menores de 18 años —específicamente de 16 y 17 años. Es, nuevamente, una salida fácil. Representan solo el 0.2 %, son los menos, pero igual: es en esos casos donde debe aplicarse una política de prevención, atención y abordaje del fenómeno juvenil, especialmente para aquellos jóvenes que, desde pequeños, han sido abandonados moral y materialmente", señaló.

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De esta manera, dijo que criminalizar a menores no es la solución estructural que el país necesita:

"¿Qué pasará si los criminales organizados comienzan a utilizar a niños de 15, 14, 13 o incluso 12 años? ¿Van a seguir bajando la edad para penalizarlos como adultos? Esa no es la respuesta. La solución debe ser una política de justicia juvenil restaurativa, que ya venimos liderando desde el Ministerio Público", sentenció.

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Es importante resaltar que la nueva ley elimina la exención de responsabilidad penal para adolescentes que cometen delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual y terrorismo. Además, establece un sistema penitenciario centrado en la rehabilitación y reintegración social de estos jóvenes para facilitar su reinserción en la sociedad. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno de Dina Boluarte no ha informado cómo se llevará a cabo la rehabilitación de los adolescentes de 16 y 17 años