CIDH: informe anual 2024 alerta peligros para la democracia y los derechos humanos en Perú

Persisten desafíos significativos en Perú, como el deterioro de la democracia por la interferencia del Congreso en instituciones importantes para un Estado de derecho, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales anticorrupción advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2024, hecho público hoy a nivel internacional.

Asimismo, señala que el Estado peruano solo ha cumplido totalmente una de las recomendaciones que le hizo sobre los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, a raíz de los muertos y heridos producto del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que pedían el cierre el Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

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 En el caso de la democracia, el documento detalla las principales acciones realizadas el año pasado que han merecido la atención del sistema interamericano. En el caso de Perú, especifica que el Parlamento promovió al menos 14 procedimientos sancionatorios contra la JNJ, recordando que inhabilitó y destituyó a los entonces magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, reincorporados luego por orden judicial.

Remarca que la CIDH activó varios mecanismos como pedidos de información sobre la situación de la JNJ, así como por las investigaciones contra periodistas y fiscales, e incluso la publicación de un comunicado de prensa expresando su preocupación por “las afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que puede resultar en el debilitamiento al Estado de derecho en Perú”.

“En este contexto, subrayó la necesidad de que el Estado garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos; instó al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia”, resalta.

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El informe recuerda, incluso, acciones del Parlamento contra el sistema interamericano, como el proyecto de ley autorizando al Ejecutivo iniciar el proceso de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y la competencia de la Corte Interamericana; y la aprobación de reformas que, según varias organizaciones sociales debilitarían las posibilidades de que los jueces ejerzan el control de convencionalidad “al indicar que solo las sentencias de tribunales internacionales contra Perú puedan ser tomadas en cuanta por tribunales constitucionales”.

Perú incumple recomendaciones

Asimismo, la CIDH indica que organizaciones sociales, familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante las protestas contra Boluarte están preocupadas por los problemas de acceso a la justicia, pues ya pasaron dos años sin mayores avances en las investigaciones.

En el Capítulo V para Perú, sobre el seguimiento al informe “Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales”, publicado en el 2023 tras la visita de una misión especial, no se presenta una situación muy auspiciosa, pues muy poco ha cumplido el Estado.

El 2023, la CIDH hizo 36 recomendaciones, de las cuales 23 (que equivale al 64%) están totalmente pendientes, es decir, no se ha hecho nada; en 11 (30.36%) han sido atendidas de forma parcial; 1 recomendación está parcialmente cumplida a nivel sustancial y solo 1 recomendación ha alcanzado un cumplimiento total.

Entre los principales avances de las recomendaciones que evidenció la CIDH, está  el aumento de la cantidad  de fiscalías especializadas en derechos humanos, y la adopción de un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de manifestaciones y en el contexto delas protestas sociales. 

Y entre los desafíos detectados en implementación más prominentes son la necesidad de inicia un proceso de implementación delas reparaciones integrales para todas las personas afectadas… y avanzar en el proceso de investigación, sanción y reparación frente a las violaciones a derechos humanos.